¿La segunda vuelta se realizará en la fecha programada? En un país institucionalmente sano, la respuesta sería breve: sí, el 7 de junio de 2026. Pero en el Perú, hasta una fecha electoral termina convertida en campo de batalla, sospecha pública y combustible para quienes prefieren incendiar el tablero antes que aceptar que la democracia también se mide cuando los resultados no favorecen.
La ONPE mantiene vigente la convocatoria y el JNE continúa resolviendo actas observadas, pedidos de nulidad y controversias posteriores a la primera vuelta. Ese trámite es legítimo y necesario. Lo que no es legítimo es disfrazar la presión política de defensa democrática. Revisar actas es institucionalidad; gritar fraude sin pruebas suficientes es irresponsabilidad con megáfono.
El proceso, además, llega golpeado por demoras, denuncias, errores logísticos y una peligrosa sensación de opacidad. El JNE ha solicitado una auditoría informática integral de los resultados de la elección del 12 de abril para reforzar la transparencia, mientras más de un millón de votos observados o cuestionados siguen bajo revisión y aún no está confirmado quién disputará la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori. Reuters también informó que observadores de la Unión Europea no encontraron evidencia de fraude, aunque sí existe un ambiente de confusión y presión política.
Ahí está la diferencia que algunos prefieren borrar: una cosa es exigir claridad y otra muy distinta es venderle al país la idea de que toda demora es conspiración. Si hubo irregularidades, que se investiguen. Si hubo negligencia, que se sancione. Si hubo fallas en la cadena de custodia, que se expliquen con nombres, documentos y consecuencias. Pero la democracia no puede ser secuestrada por el berrinche electoral ni por la sospecha convertida en estrategia de campaña.
La segunda vuelta debe realizarse el 7 de junio salvo que exista una causal legal objetiva, verificable y suficiente que lo impida. No por presión callejera. No por cálculo partidario. No por el volumen de un candidato. No por el miedo de los operadores políticos que descubren la ley solo cuando pierden terreno.
El Perú necesita una autoridad electoral que no tiemble, que comunique mejor y que resuelva con transparencia. Pero también necesita políticos que entiendan que la democracia no es una mesa de casino donde se patea la silla cuando la jugada sale mal.
Reflexión final
La pregunta no debería ser si habrá segunda vuelta. La verdadera pregunta es si el Perú todavía respeta sus propias reglas. Porque cuando el ruido pretende tumbar la fecha, no defiende la democracia: la empuja al abismo. (Foto: Perú 21).