El Perú enfrenta una contradicción política que no puede pasar inadvertida: mientras se prometía austeridad económica en campaña, desde el Congreso se respaldaban leyes con un enorme impacto sobre las cuentas públicas. La información revelada sobre el apoyo de Fuerza Popular a 36 normas observadas por el Consejo Fiscal, con un costo que superaría los S/100 mil millones, obliga a mirar de frente una pregunta incómoda: ¿se puede hablar de responsabilidad fiscal mientras se votan compromisos millonarios sin financiamiento claro?
Desde La Caja Negra sostenemos que Fuerza Popular debe responder políticamente por su respaldo a leyes que comprometen seriamente el presupuesto nacional. El problema no es solo contable; es ético, institucional y democrático. Un partido que aspira a gobernar no puede defender austeridad ante el país y, al mismo tiempo, avalar normas que reducen el margen financiero del Estado para atender salud, educación, seguridad, infraestructura y programas sociales.
Según la información difundida, la bancada de Fuerza Popular apoyó 36 leyes observadas por su impacto fiscal. De ellas, 16 tendrían un costo aproximado de S/110.594 millones. La cifra no es menor: representa una carga enorme para un Estado que ya tiene dificultades para financiar hospitales, escuelas, carreteras, comisarías y servicios básicos. Legislar sin respaldo presupuestal es una forma elegante de trasladar la factura a los ciudadanos.
Entre las normas señaladas figuran incrementos de pensiones, bonificaciones, beneficios tributarios y reducciones de impuestos. Algunas medidas pueden tener una justificación social o sectorial, pero ninguna política pública seria puede sostenerse solo en buenas intenciones. La pregunta central siempre debe ser la misma: ¿de dónde saldrá el dinero? Cuando esa respuesta no existe, la ley deja de ser una solución y se convierte en una carga futura.
El caso resulta aún más delicado porque varios congresistas que respaldaron estas normas fueron reelegidos y ocuparán espacios en el nuevo Congreso bicameral. Es decir, quienes participaron en decisiones de alto impacto fiscal tendrán nuevamente responsabilidad legislativa. Por eso, la ciudadanía tiene derecho a exigir coherencia, transparencia y rendición de cuentas. No basta decir que se actuó en favor de determinados sectores; también se debe explicar cómo se protegerá el equilibrio económico del país.
El reciente fallo del Tribunal Constitucional, que limita la iniciativa de gasto del Congreso y exige coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, aparece como una corrección necesaria. Sin embargo, llega después de años de permisividad institucional. El Congreso no puede seguir actuando como si el presupuesto público fuera una caja abierta para satisfacer presiones, construir popularidad o atender cálculos electorales.
La Caja Negra rechaza el populismo fiscal, venga de donde venga. El gasto público debe estar orientado al bien común, pero también debe ser responsable, transparente y sostenible. Defender a maestros, policías, militares, trabajadores, pacientes o sectores productivos no significa aprobar normas sin financiamiento. La verdadera justicia social exige recursos, planificación y seriedad; no titulares generosos que luego pagan los contribuyentes.
Fuerza Popular tiene que asumir una explicación clara ante el país. Si respaldó 36 leyes de alto impacto fiscal, debe decir por qué lo hizo, cómo justifica ese costo y qué medidas propone para evitar que el próximo gobierno reciba una pesada herencia presupuestal. La política no puede funcionar con doble discurso: austeridad para el mitin y gasto sin respaldo en el hemiciclo.
Reflexión final
El Perú no necesita partidos que prometan orden económico mientras abren forados fiscales desde el Congreso. Necesita responsabilidad, coherencia y ética pública. Porque cada ley aprobada sin financiamiento puede sonar popular en el momento, pero termina convirtiéndose en deuda, recorte o abandono para millones de ciudadanos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).