El Perú vuelve a mirar sus elecciones regionales con una mezcla de esperanza, cansancio y legítima preocupación. A menos de tres meses de los comicios del 4 de octubre, una cifra debería encender todas las alarmas: 77 de los 306 candidatos a gobernadores regionales registran sentencias firmes declaradas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, uno de cada cuatro aspirantes al máximo cargo regional llega a la campaña con antecedentes que los ciudadanos tienen derecho a conocer antes de votar.
La política peruana parece empeñada en poner a prueba la paciencia nacional. Mientras las regiones reclaman autoridades serias, obras bien ejecutadas, servicios públicos dignos y lucha real contra la corrupción, varios partidos presentan candidatos con sentencias como si se tratara de un simple detalle burocrático. Todo muy legal, quizá. Pero profundamente inquietante.
No se trata de negar derechos políticos ni de desconocer que existen sentencias cumplidas. Se trata de algo más básico: la confianza pública. Un gobernador regional administrará presupuestos millonarios, decidirá contrataciones, ejecutará obras, manejará proyectos sociales y tendrá influencia directa sobre el futuro de su región. Por eso, el estándar ético no puede ser mínimo. Debe ser alto, claro y exigente.
El dato se vuelve más preocupante cuando se revisa el origen partidario de estas candidaturas. Alianza para el Progreso aparece con nueve postulantes sentenciados de quince candidaturas regionales. Le siguen Renovación Popular, Somos Perú y Podemos Perú, entre otras agrupaciones. La pregunta es inevitable: ¿los partidos están seleccionando líderes o simplemente están llenando espacios electorales con lo que encuentran disponible?
Entre las sentencias declaradas aparecen casos vinculados a omisión de asistencia familiar, violencia familiar, falsedad documental, abuso de autoridad, peculado, colusión, negociación incompatible y otros delitos relacionados con la función pública. Y aquí la ironía se escribe sola: algunos quieren administrar regiones cuando ya cargan antecedentes que deberían obligar, como mínimo, a una revisión política más severa.
La ciudadanía no puede votar a ciegas. Las hojas de vida no deben ser documentos decorativos escondidos en portales oficiales. Deben convertirse en herramientas de control ciudadano. Cada elector tiene el deber de revisar, comparar y preguntar. Y cada partido tiene la obligación moral de explicar por qué eligió a determinados candidatos.
La alerta está dada. Las regiones no necesitan autoridades que lleguen al poder bajo una nube de desconfianza. Necesitan gobernadores capaces, honestos y comprometidos con el interés público.
Reflexión final
Cuando uno de cada cuatro candidatos regionales registra sentencias, el problema no es solo individual. Es un síntoma de partidos débiles, filtros rotos y una política que parece haber perdido el pudor. El voto informado será la última defensa frente a una oferta electoral que, una vez más, exige vigilancia ciudadana. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).