El Congreso unicameral llega a su fin con una cifra que no debería sorprender a nadie: 78% de desaprobación ciudadana, según la última encuesta nacional de Ipsos para Perú21. Apenas un 17% aprueba su gestión. No es solo un deplorable resultado; es una sentencia política contra un Parlamento que, durante el quinquenio, acumuló cuestionamientos, blindajes, normas populistas y una desconexión profunda con las demandas reales del país.
El Parlamento que debía representar a la ciudadanía terminó representando, demasiadas veces, sus propios cálculos. De poco sirvieron las leyes de impacto inmediato y alto costo futuro cuando el descrédito ético se instaló como marca institucional. Perú21 recuerda denuncias por recorte de sueldos a trabajadores, mal uso de recursos públicos en semanas de representación, normas de presunto favorecimiento propio y blindajes políticos que erosionaron la confianza pública.
La desaprobación no nació de un malentendido. Nació de la repetición. Cada escándalo, cada voto cruzado por conveniencia, cada investigación frenada, cada reforma explicada como avance institucional pero leída por la ciudadanía como cálculo de supervivencia, fue cavando el hueco donde hoy cae la legitimidad parlamentaria. El problema no es que el Congreso sea impopular; el problema es que parece haberse esforzado en confirmar las razones de su impopularidad.
Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi Consultoría, sostuvo que el cambio constitucional hacia dos cámaras generó rechazo porque la opinión pública lo interpretó menos como una mejora institucional y más como una oportunidad para ampliar posibilidades de reelección. También advirtió cuestionamientos por la intervención congresal en la gestión del gasto público y por el intercambio de blindajes y favores políticos durante el quinquenio.
El deterioro institucional no se limita al Parlamento. Según el mismo reporte, el Poder Judicial registra 75% de desaprobación frente a solo 19% de aprobación, mientras que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, alcanza 63% de desaprobación. El mensaje ciudadano es amplio y duro: las instituciones no están convenciendo, no están respondiendo y no están recuperando confianza.
Un Congreso con 78% de desaprobación no puede despedirse como si nada hubiera pasado. El país necesita representación, fiscalización y leyes serias, no espectáculos de autoprotección ni reformas pensadas desde el interés de quienes ocupan la curul.
Reflexión final
La democracia no se defiende con discursos solemnes, sino con instituciones que merezcan respeto. Cuando el Parlamento pierde autoridad moral, el ciudadano pierde confianza en la política. Y cuando la política se acostumbra al desprestigio, el país entero paga la factura.
Fuentes y ficha técnica
Fuente principal: encuesta nacional de Ipsos para Perú21, publicada por Perú21 el 15 de julio de 2026. Resultados citados: Congreso de la República, 78% de desaprobación y 17% de aprobación; Poder Judicial, 75% de desaprobación y 19% de aprobación; presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, 63% de desaprobación y 14% de aprobación. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).