En el Perú, el crimen organizado avanza sin pedir permiso, sin esperar dictámenes y sin respetar plazos administrativos. Pero para derogar las llamadas leyes procrimen, el Congreso podría tomarse hasta un año. La paradoja es feroz: cuando se trata de aprobar normas cuestionadas, la política encuentra velocidad; cuando toca corregirlas, aparece el reglamento, la comisión, el informe, el debate, la agenda y toda esa coreografía burocrática que convierte la urgencia nacional en trámite de oficina.
Según el nuevo reglamento del Congreso bicameral, derogar estas normas por la vía ordinaria podría tomar entre nueve y doce meses. Primero debe presentarse una iniciativa en la Cámara de Diputados, pasar por comisiones, esperar dictamen, publicarse, entrar a la agenda del Pleno, aprobarse y luego viajar al Senado, donde el proceso vuelve a empezar con nuevos plazos, nuevas revisiones y nuevas posibilidades de demora. Muy institucional, sí. Pero mientras tanto, la calle sigue esperando seguridad.
El absurdo es evidente. Los extorsionadores no esperan 190 días hábiles para actuar. Las mafias no convocan expertos antes de cobrar cupos. El sicariato no entra a cuarto intermedio. El crimen se mueve rápido, mientras el Estado parece caminar con zapatos de plomo. Y luego la política se sorprende de que la ciudadanía ya no le crea.
La derogación podría hacerse en dos meses si el Ejecutivo solicita trámite de urgencia o si la Junta de Portavoces decide acelerar el proceso. Es decir, el problema no es solo legal ni procedimental. Es político. Dependerá de la voluntad real de quienes, durante la campaña, prometieron enfrentar al crimen con firmeza. Ahora tendrán que demostrar si hablaban en serio o si la seguridad ciudadana fue solo otra frase útil para ganar votos.
Porque llamar “pro crimen” a un paquete de leyes no es un recurso retórico menor. Es una acusación política grave contra normas que, según diversos sectores, debilitan la lucha contra la delincuencia, favorecen la impunidad o limitan la acción del Estado frente al delito. Por eso, si existe consenso sobre su daño, la demora sería inaceptable. Y si no existe consenso, que lo digan de frente. El país merece saber quién quiere corregir y quién prefiere conservar.
La bicameralidad tiene aquí su primera prueba de fuego. Puede demostrar que sirve para mejorar la calidad legislativa o confirmar el temor ciudadano: que solo multiplicará cámaras, plazos, asesores y excusas. Si el nuevo Congreso usa su estructura para revisar mejor, bienvenido. Si la usa para demorar lo urgente, será más de lo mismo, pero con dos pisos.
Derogar leyes cuestionadas por favorecer al crimen no puede convertirse en una procesión parlamentaria. La seguridad ciudadana no admite cálculo partidario ni comodidad legislativa. Si el Congreso quiere recuperar algo de credibilidad, debe actuar con rapidez, transparencia y responsabilidad.
Reflexión final
El país no puede esperar un año para que la política repare lo que ella misma ayudó a construir. Cuando el Estado tarda demasiado en cerrar puertas al crimen, el mensaje es devastador: la ley camina lento, pero el miedo corre todos los días. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).