Apenas trece días después de iniciado el gobierno de Keiko Fujimori, cuatro regiones ya protestan por el precio de los combustibles. Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna registran paros, bloqueos, suspensión de clases, problemas de abastecimiento y tensión social. Puno amenaza con sumarse.
No estamos ante una molestia menor ni frente a una protesta aislada de transportistas. El diésel es una pieza central de la economía cotidiana. Cuando sube de manera abrupta, el golpe termina en el pasaje, los alimentos, el transporte de carga, los repuestos y el bolsillo de millones de familias.
Y el Estado, como tantas veces, parece haber esperado que las carreteras se cerraran para recién descubrir que había un problema.
En Pucallpa, los transportistas denuncian que el diésel pasó de alrededor de S/11,50 o S/12 por galón en marzo a S/23 o S/24. La protesta ya afecta la carretera Federico Basadre, el transporte fluvial, los grifos, la recolección de basura e incluso el retiro de residuos hospitalarios.
Petroperú afirma que existe combustible, pero que los bloqueos impiden movilizarlo. Una maravilla de coordinación nacional: el combustible está, los consumidores también, pero entre ambos se instala la incapacidad estatal.
En Tacna, el diésel ha llegado hasta S/25,35 por galón. En Arequipa, los transportistas quieren elevar el pasaje de S/1 a S/1,30 porque aseguran que prácticamente trabajan para pagar combustible, aceite, llantas y mantenimiento. La paralización terminó afectando a unos 220.000 estudiantes.
En Loreto, el impacto es todavía más severo porque buena parte de la conectividad depende de los ríos. Y Puno ya puso plazo al Ejecutivo para encontrar una salida.
El Gobierno habla ahora de subsidios y de reactivar el fondo de estabilización. Bien. Pero gobernar no debería consistir en repartir calmantes cuando el incendio ya comenzó. Si el Ejecutivo sabía que el precio internacional y la estructura interna podían golpear al transporte, debió anticiparse con diálogo, escenarios y medidas claras.
Los bloqueos no pueden convertirse en mecanismo permanente de presión. Pero tampoco puede convertirse en costumbre que el Gobierno solo escuche cuando una región paraliza carreteras.
Reflexión final
El alza del combustible no solo encarece un galón de diésel; encarece la vida. Y cuando cuatro regiones protestan casi al mismo tiempo, ya no estamos frente a un problema sectorial. Estamos frente a una alerta política. Si Palacio espera que el malestar llegue a Lima para reaccionar, habrá demostrado que el combustible subió más rápido que su capacidad para gobernar. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).