Cuando el diésel se aproxima a S/24 por galón, el problema deja de pertenecer exclusivamente a los transportistas. La factura termina llegando al empresario que debe movilizar mercadería, al trabajador que necesita llegar a su empleo, al agricultor que traslada su producción, al comerciante que abastece su negocio y, finalmente, al consumidor que encuentra alimentos y servicios más caros. Los paros registrados en Ucayali, Arequipa y Tacna muestran una realidad incómoda: el Perú vuelve a reaccionar cuando el problema ya está en las carreteras, en lugar de anticiparse cuando todavía estaba en los escritorios.
En Pucallpa, transportistas sostienen que el diésel pasó de alrededor de S/11,50 o S/12 por galón en marzo a niveles cercanos a S/23 y S/24. El resultado es previsible: bloqueos en la carretera Federico Basadre, dificultades para abastecer grifos y obstáculos para el ingreso de alimentos y productos esenciales.
Y aquí aparece la verdadera dimensión del problema. No se trata solamente del combustible de un camión. Cuando aumenta el transporte, se incrementa el costo de llevar frutas, verduras, medicamentos y productos básicos desde el productor hasta el consumidor. La economía funciona como una cadena y el diésel está en prácticamente todos sus eslabones.
Arequipa ofrece otra fotografía preocupante. La paralización del transporte urbano dejó pasajeros varados, obligó a realizar largas caminatas y provocó la suspensión de clases presenciales. En Tacna ocurrió algo semejante. Una crisis de combustibles termina así transformándose en una crisis de movilidad, productividad y calidad de vida.
Mientras tanto, aparecen subsidios temporales, mesas de trabajo y anuncios de posibles mecanismos de estabilización. Son medidas que pueden resultar necesarias ante una coyuntura excepcional, pero el país necesita algo más que administrar emergencias. Si cada sobresalto internacional obliga a improvisar una respuesta, entonces existe una vulnerabilidad estructural que merece ser atendida.
Diversificar la matriz energética, ampliar responsablemente el uso del gas natural vehicular, mejorar la logística nacional y contar con políticas previsibles debería formar parte de una estrategia permanente, no de una solución diseñada cuando las carreteras ya están bloqueadas.
Los transportistas necesitan condiciones que permitan seguir trabajando, pero la ciudadanía también necesita libre tránsito, abastecimiento y servicios esenciales. El diálogo debe imponerse porque prolongar el conflicto perjudica precisamente a quienes tienen menor capacidad para absorber mayores costos.
Reflexión final
El diésel puede costar S/24 en el grifo, pero su verdadero precio termina siendo mucho mayor cuando paraliza ciudades, encarece alimentos, afecta empleos y altera la educación. Gobernar también significa anticipar. Esperar a que el país se detenga para comenzar a buscar soluciones es una política demasiado cara para todos los peruanos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).