En el Perú se discute cómo capturar al sicario después del asesinato, cómo detener al extorsionador después del atentado y cómo perseguir a las organizaciones criminales después de que han sembrado miedo. Pero existe una pregunta anterior que el Estado parece incapaz de responder con suficiente eficacia: ¿quién está abasteciendo de armas a los delincuentes?
La cifra proporcionada resulta alarmante: más de 340.000 armas de fuego sin registro oficial estarían circulando en el país. Y los homicidios muestran por qué este problema debe convertirse en prioridad nacional. De los 1.267 asesinatos registrados durante el primer semestre de 2026, 997 habrían sido cometidos mediante disparos. Es decir, cerca de ocho de cada diez.
Aquí no estamos frente a un asunto administrativo de licencias. Estamos frente a uno de los combustibles de la violencia criminal.
Las armas aparecen en asesinatos, extorsiones, secuestros, narcotráfico, minería ilegal y disputas territoriales. Mientras el Gobierno despliega policías y anuncia operativos, el mercado clandestino continúa abasteciendo a quienes después deberá perseguir. Es como intentar apagar un incendio mientras nadie cierra la llave del combustible.
La información proporcionada señala puntos de comercialización clandestina como Tacora y Las Malvinas, además de espacios ilegales en internet. También recoge una advertencia todavía más delicada: posibles desvíos desde instituciones encargadas precisamente de custodiar armamento y explosivos. Esto exige investigaciones rigurosas, trazabilidad y responsabilidades individuales; no generalizaciones contra las Fuerzas Armadas o la Policía.
El problema alcanza además a la fiscalización. SUCAMEC registra históricamente unas 390.157 armas civiles y aproximadamente 182.047 con licencia vigente, según los datos citados. Entre enero y julio de 2026 habría recuperado 5.290 armas irregulares o vinculadas con delitos. Es una intervención necesaria, pero claramente insuficiente frente a la dimensión estimada del arsenal clandestino.
Y existe una señal que merece explicación inmediata: la información señala que la importación de fusiles AR-15 habría pasado de unas pocas decenas a cerca de 2.000 desde 2021 bajo la categoría de uso deportivo, mientras existen reportes de desvíos hacia minería ilegal y organizaciones criminales.
¿Quién compra? ¿Cuántas unidades adquiere? ¿Dónde terminan? ¿Quién fiscaliza la cadena completa?
No basta controlar al propietario legal que cumple las normas. Hay que seguir cada arma desde su importación hasta su destino final, cruzar información entre SUCAMEC, Aduanas, Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y unidades de inteligencia financiera, e investigar compras atípicas, pérdida de arsenales, tráfico fronterizo y comercialización clandestina.
El Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta aquí una prueba concreta. Si quiere combatir seriamente la criminalidad, debe atacar simultáneamente al sicario y a quien le proporciona la pistola, las municiones y el dinero.
Los operativos posteriores al asesinato son necesarios. Evitar que el arma llegue al asesino es mucho más importante.
Reflexión final
Más de 340.000 armas fuera del control estatal representan algo más grave que una estadística: significan que una parte considerable del poder de fuego circula en las sombras.
Desde La Caja Negra advertimos: mientras el Estado persiga delincuentes sin desarticular el negocio que los arma, seguirá combatiendo las consecuencias y dejando intacta una de las raíces del problema. Sin cortar el mercado ilegal de armas, hablar de derrotar al crimen será apenas media estrategia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).