El Perú vuelve a exhibir una cifra que debería estremecer al Gobierno y obligarlo a revisar de inmediato su estrategia de seguridad: el 73,5 % de los homicidios registrados en el país se comete con armas de fuego. Según los datos citados del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), durante el primer mes del gobierno de Keiko Fujimori se registraron 166 homicidios y 122 fueron causados por proyectiles de armas de fuego. La estadística no describe una percepción: describe un país donde matar se ha vuelto demasiado accesible porque las armas circulan con una facilidad que el Estado no consigue controlar.
La situación resulta todavía más grave cuando se observa el contexto. En el primer semestre de 2026 se registraron 1.267 homicidios y 997 habrían sido cometidos con armas de fuego. A ello se suma una estimación superior a 340.000 armas ilegales circulando fuera del control oficial. El crimen organizado no solo dispone de sicarios; dispone de pistolas, municiones, fusiles y mercados clandestinos que alimentan extorsiones, asesinatos selectivos, minería ilegal y disputas territoriales. El Estado, mientras tanto, continúa reaccionando después de cada muerte.
El llamado Plan Escudo, junto con los estados de emergencia y el despliegue policial y militar, no está demostrando capacidad suficiente para alterar esa dinámica. Sacar más militares a las calles puede aumentar presencia, pero no desarma a una organización criminal ni corta el flujo de armas ilegales. Si no existe una estrategia nacional que ataque contrabando, robos de armamento, mercados clandestinos, fronteras, municiones y lavado de activos, el Estado continuará persiguiendo al tirador mientras deja funcionando la cadena que le entrega el arma.
Ese es el verdadero problema. No basta patrullar después del homicidio ni detener al sicario cuando ya disparó. Hay que impedir que consiga el arma, rastrear su origen, identificar quién la vendió, quién permitió su ingreso y qué redes la distribuyen. La seguridad no se construye únicamente con operativos; se construye con inteligencia, trazabilidad, fiscalización y coordinación institucional.
Desde La Caja Negra sostenemos que Keiko Fujimori debe convocar con urgencia a elaborar un Plan Nacional de Lucha contra la Criminalidad, contra el crimen organizado y el tráfico de armas. Policía Nacional, Fuerzas Armadas, SUCAMEC, Aduanas, Ministerio Público, Poder Judicial, Migraciones, inteligencia financiera y gobiernos regionales deben trabajar bajo objetivos comunes y resultados medibles.
El país también necesita recuperar programas de desarme, fortalecer controles fronterizos y auditar rigurosamente arsenales institucionales y civiles. Si existen indicios de desvío de armas desde cuerpos de seguridad o mercados legales, deben investigarse responsabilidades individuales con firmeza y transparencia.
Los homicidios no cesarán mientras las armas continúen circulando con semejante facilidad. Los estados de emergencia pueden contener momentáneamente algunos territorios, pero no reemplazan una política nacional.
Reflexión final
El Perú no se está desangrando por falta de anuncios, sino por falta de una estrategia capaz de cerrar el mercado que abastece a quienes matan.
Si tres de cada cuatro homicidios se cometen con armas de fuego, combatir la criminalidad sin desarmar a las mafias es seguir atacando el síntoma mientras se deja intacta la enfermedad. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).