El Perú sigue sumando muertos, secuestros, extorsiones y familias que viven bajo miedo permanente, mientras Fujimori responde con una receta que ya empieza a parecer ritual: estado de emergencia, despliegue policial, anuncios de firmeza y promesas de control. Más de seis personas mueren al día y se registran más de 14 casos de secuestro diarios. Esa realidad no admite maquillaje. Si el crimen continúa avanzando mientras el Gobierno exhibe operativos y declara zonas en emergencia, entonces el problema ya no es solamente la violencia: también es la incapacidad de la estrategia para producir resultados sostenibles.
El llamado Plan Escudo fue presentado como una respuesta contundente frente a la delincuencia. Pero si asesinatos, secuestros y extorsiones continúan golpeando al país, corresponde preguntar qué tan efectivo ha sido realmente. Un plan no puede evaluarse por el número de conferencias, patrulleros movilizados o anuncios realizados, sino por su capacidad para reducir delitos, desarticular organizaciones criminales y devolver seguridad a la población. Si eso no ocurre, el nombre puede sonar fuerte, pero el resultado sigue siendo débil.
Lo mismo ocurre con los estados de emergencia. Han sido utilizados por distintos gobiernos y tampoco han resuelto estructuralmente el problema. Se utiliza una estrategia que asegura la presencia del Estado por un tiempo, pero no garantiza inteligencia criminal, investigación financiera, control de prisiones, prevención ni buena coordinación entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Declarar emergencia una y otra vez sin corregir las causas del fracaso anterior se parece menos a una estrategia y más a una costumbre administrativa.
La debilidad se agrava porque el Gobierno de Keiko Fujimori todavía no tiene terminado un verdadero Plan Nacional contra la Criminalidad. Sin una hoja de ruta nacional, los operativos corren el riesgo de quedar desconectados entre sí. Y ahora, después de un mes de gobierno, Fujimori pide facultades legislativas para combatir el crimen. La pregunta es inevitable: ¿cómo se puede solicitar más poder si aún no se ha presentado con claridad el plan integral que justificará su uso?
También resulta preocupante la señal presupuestal mencionada: más recursos para las Fuerzas Armadas y menos para seguridad ciudadana. Si esa orientación se confirma, el Gobierno tendrá que explicar cómo piensa combatir extorsiones, sicariato y secuestros reduciendo capacidad precisamente en el frente donde se libra la batalla diaria contra el delito.
El Perú no necesita más parches ni emergencias convertidas en rutina. Necesita una estrategia nacional seria, articulada y medible, con inteligencia, tecnología, control de cárceles, investigación financiera, prevención, fortalecimiento policial y resultados verificables.
Reflexión final
El país se sigue desangrando mientras el Estado parece seguir administrando la inseguridad en capítulos separados. El Plan Escudo no basta, los estados de emergencia no bastan y pedir más facultades tampoco bastará si detrás no existe una estrategia nacional coherente.
Cuando el crimen avanza y el Gobierno responde repitiendo herramientas que ya mostraron límites, el problema deja de ser falta de mano dura. Empieza a ser falta de rumbo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).