El Perú volvió al Top 10 de países más complejos del mundo para hacer negocios, según el Global Business Complexity Index 2026 de TMF Group. La noticia debería preocupar, no normalizarse. En un país que necesita inversión, empleo formal, competitividad y crecimiento sostenido, ocupar el décimo lugar global en complejidad regulatoria y fiscal es una señal de alarma. El problema no es que el Estado regule; el problema es que lo haga con exceso, confusión y poca eficiencia.
El informe evalúa 81 jurisdicciones y más de 292 indicadores vinculados a impuestos, contabilidad, regulación laboral y gestión legal. Perú empeoró respecto al 2025, cuando ocupaba el puesto 13. Ahora aparece entre los países más complejos junto a Grecia, México, Brasil, Francia, Turquía, Colombia, Bolivia, Italia y Argentina. Según el reporte, una de las principales causas es la digitalización incompleta: plataformas electrónicas que conviven con trámites tradicionales, obligaciones cambiantes y procesos poco articulados.
La paradoja peruana es conocida: se anuncia modernización, pero se multiplica la carga administrativa. Se habla de transformación digital, pero el empresario termina enfrentando más claves, más formularios, más reportes y más incertidumbre. La tecnología, que debería simplificar, muchas veces se convierte en otro laberinto.
Este entorno golpea especialmente a empresas extranjeras, pero también afecta a emprendedores locales, pequeñas empresas y negocios que intentan formalizarse. Cuando cumplir la ley se vuelve demasiado costoso o confuso, la informalidad deja de ser solo una decisión individual y se convierte también en consecuencia de un Estado que complica más de lo que ayuda.
El Perú necesita inversión, pero parece empeñado en recibirla con ventanillas lentas, normas cambiantes y burocracia defensiva. Así no se construye competitividad. Así se espanta capital, se frena empleo formal y se castiga a quienes quieren operar dentro de la legalidad.
Desde esta tribuna, la posición es clara: el país necesita una reforma seria del entorno empresarial. Simplificar no significa eliminar controles ni regalar privilegios. Significa ordenar, reducir duplicidades, unificar criterios, acortar plazos, capacitar funcionarios y convertir la digitalización en una herramienta real de eficiencia.
La formalidad debe ser posible, no heroica. El Estado no puede seguir pidiendo inversión mientras convierte cada trámite en una prueba de resistencia. La burocracia no genera desarrollo; lo retrasa.
Que el Perú vuelva al Top 10 de países más complejos para hacer negocios es una mala noticia para el empleo, la inversión y la competitividad. No es una anécdota técnica, sino una advertencia económica.
Un país que necesita crecer no puede darse el lujo de ser difícil, lento y confuso. Porque cuando hacer empresa se vuelve una batalla contra el propio Estado, no pierde solo el inversionista. Pierde el trabajador, pierde la formalidad y pierde el Perú. (Foto: lacajanegra.blog).