El voto viciado empieza a tomar fuerza como respuesta ciudadana frente a una segunda vuelta que no despierta esperanza, sino rechazo. La contienda entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ha colocado al país ante una decisión que muchos peruanos sienten como una encerrona política. No se vota con entusiasmo, sino con desconfianza. No se elige un proyecto de futuro, sino que se intenta evitar el escenario más temido. En ese clima, el voto blanco, nulo o viciado aparece como una protesta democrática, legal y legítima frente a una oferta electoral que no representa a una parte creciente del país.
La segunda vuelta llega después de una primera elección marcada por fragmentación, demoras, denuncias, incertidumbre institucional y una profunda fatiga ciudadana. El país no salió fortalecido del proceso; salió más dividido, más desconfiado y más irritado. A ello se suma una realidad social explosiva: pobreza persistente, inseguridad desbordada, extorsiones en aumento, instituciones debilitadas y una clase política más preocupada por sobrevivir que por gobernar.
En ese contexto, ciudadanos, profesionales, empresarios, comunicadores y sectores independientes empiezan a mirar el voto viciado como una forma de expresar rechazo. No como apatía, sino como mensaje político: ninguno de los dos.
Durante años se ha obligado al elector peruano a escoger bajo la lógica del “mal menor”. Esa fórmula, repetida hasta el cansancio, ha terminado degradando la calidad democrática. Una democracia no debería exigir resignación como condición para participar. Votar no puede reducirse a escoger entre miedos. Si millones consideran que ninguna candidatura ofrece garantías suficientes de ética, estabilidad, libertad y gobernabilidad, tienen derecho a expresarlo en las urnas.
Además, esta posición tiene sustento legal. El artículo 184 de la Constitución Política del Perú establece que el Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos. Asimismo, la Ley Orgánica de Elecciones contempla causales de nulidad y señala que, si se declara la nulidad total, deben convocarse nuevas elecciones en un plazo no mayor de 90 días. Por eso, el objetivo de esta corriente es claro: alcanzar el porcentaje legal necesario para abrir paso a una nueva elección presidencial.
Desde esta tribuna, sostenemos que el voto viciado es una protesta democrática válida ante una segunda vuelta sin fe. No destruye la democracia; la interpela. No abandona el voto; lo usa como instrumento de rechazo. No es silencio; es una respuesta escrita en la cédula.
El país necesita entender que el voto ciudadano no pertenece a los partidos ni a los candidatos. Pertenece al elector. Y el elector tiene derecho a respaldar, castigar o rechazar. Si la política ofrece una disyuntiva que no convence, el ciudadano no está moralmente obligado a legitimar lo que no cree.
El voto viciado toma fuerza porque expresa un malestar real. El Perú está cansado de votar con miedo, de elegir por descarte y de aceptar como inevitable una política que no se renueva. Si esta corriente crece y alcanza el umbral legal exigido, podría abrirse el camino hacia nuevas elecciones presidenciales.
Porque votar no siempre significa escoger a alguien. A veces, votar también significa decir basta. (Foto: lacajanegra.blog).