Las democracias modernas se sostienen sobre un principio fundamental: ningún poder debe concentrar suficiente influencia como para debilitar los mecanismos de control del Estado. Cuando el poder político comienza a estrechar vínculos con las instituciones armadas mientras impulsa reformas que modifican el sistema de justicia, el debate deja de ser exclusivamente jurídico para convertirse en una preocupación institucional.
Durante los últimos días se describen una serie de hechos que, analizados de manera conjunta, dibujan una estrategia política de largo alcance. Visitas permanentes a cuarteles, acercamientos con altos mandos militares, incorporación de exjefes castrenses a la actividad política y un conjunto de leyes procrimen aprobadas por el Congreso conforman un escenario que merece un profundo análisis democrático.
Durante los últimos meses, el fujimorismo ha consolidado una relación cada vez más estrecha con sectores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El entonces presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, realizó una intensa agenda de visitas a bases militares, hospitales castrenses, ceremonias institucionales y reuniones con altos mandos. Paralelamente, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, fue elegido senador por Fuerza Popular y diversas versiones lo ubican como una posible figura dentro de un futuro gabinete.
Por sí solos, estos hechos podrían interpretarse como parte de una agenda política legítima. Sin embargo, adquieren una dimensión distinta cuando coinciden con una sucesión de reformas legislativas impulsadas desde el Congreso.
Primero se aprobó la ley procrimen de amnistía para militares y policías vinculados a procesos derivados del conflicto armado interno. Luego se modificaron aspectos relacionados con la prescripción de delitos de lesa humanidad. Posteriormente, se aprobó la reforma del Código Penal Militar Policial, que traslada al fuero militar investigaciones sobre presuntos delitos cometidos por efectivos durante el ejercicio de sus funciones, limitando la intervención de la justicia ordinaria.
Diversos especialistas consultados consideran que estas decisiones no son hechos aislados. Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, sostiene que existe una lógica común destinada a construir un nuevo marco legal de protección para militares y policías, reduciendo progresivamente el alcance del control ejercido por la justicia ordinaria.
Crecen las preocupaciones porque el propio Congreso aprobó otras normas muy cuestionadas por organismos especializados, al mismo tiempo que aumentaba su influencia sobre instituciones estratégicas del sistema democrático. Para numerosos analistas, la coincidencia entre reformas legales, acercamientos políticos y fortalecimiento de alianzas institucionales configura un escenario que obliga a ejercer la mayor vigilancia ciudadana.
La historia reciente del Perú demuestra que la concentración de poder y la debilitación de los contrapesos institucionales terminan afectando la calidad democrática. Precisamente por ello, las reformas que modifican el funcionamiento de la justicia requieren un debate amplio, transparente y técnicamente sólido.
Desde La Caja Negra consideramos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben mantenerse como instituciones profesionales, respetadas y plenamente comprometidas con el orden constitucional, alejadas de cualquier percepción de utilización política.
El fortalecimiento institucional nunca debe construirse mediante leyes que generen dudas sobre la igualdad ante la ley ni mediante reformas que reduzcan la capacidad de control de la justicia ordinaria.
La confianza ciudadana se fortalece cuando las instituciones conservan independencia, transparencia y equilibrio entre los poderes del Estado. Las democracias no se debilitan únicamente mediante rupturas institucionales. También pueden erosionarse cuando, de manera gradual, se modifican las reglas que garantizan la independencia de la justicia y el equilibrio entre los poderes públicos.
Reflexión final
El Perú ya conoce las consecuencias de concentrar poder político, influencia institucional y reformas legales en una misma dirección. La memoria democrática obliga a analizar con rigor cualquier proceso que pueda alterar ese equilibrio. La seguridad nacional necesita Fuerzas Armadas sólidas y respetadas; la democracia necesita, además, instituciones independientes, jueces autónomos y leyes que sirvan al interés general, no a proyectos políticos particulares. Porque cuando la política comienza a construir alianzas alrededor del poder armado, la vigilancia ciudadana deja de ser una opción y se convierte en una obligación democrática. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).