Durante años, millones de peruanos han convivido con una invasión silenciosa que el Estado permitió crecer sin mayor resistencia. Decenas de llamadas comerciales diarias, mensajes insistentes y ofertas no solicitadas terminaron convirtiéndose en parte de la rutina nacional. Bancos, aseguradoras, operadoras telefónicas y diversas empresas hicieron del teléfono personal un mercado abierto, mientras las autoridades observaban con una lentitud que terminó favoreciendo a quienes incumplían las reglas. La reciente multa impuesta al BBVA es una buena noticia, pero llega cuando el problema ya se convirtió en una práctica masiva.
Indecopi confirmó una multa de 11,6 UIT (S/63.800) porque BBVA llamó a un consumidor que había revocado expresamente su autorización para recibir publicidad. La resolución ratifica un derecho básico: cuando un ciudadano dice «no quiero más llamadas», ninguna empresa puede seguir acosándolo comercialmente.
Sin embargo, la verdadera pregunta es otra: ¿cuántos millones de llamadas similares se realizaron antes de que apareciera esta sanción?
Durante años, miles de consumidores presentaron reclamos, bloquearon números, cambiaron de teléfono o simplemente resignaron su privacidad. Muy pocos denunciaron formalmente. No porque estuvieran conformes, sino porque el procedimiento resulta largo, burocrático y desalentador para la mayoría de ciudadanos.
Mientras tanto, numerosas empresas siguieron desarrollando agresivas campañas de telemarketing con escasa capacidad de fiscalización por parte del Estado. El mensaje implícito parecía claro: era más rentable seguir llamando que respetar la voluntad del consumidor.
La responsabilidad tampoco termina en Indecopi. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones continúa postergando la implementación de mecanismos como la identificación obligatoria de llamadas comerciales mediante numeración diferenciada. La propuesta existe desde hace meses, pero sigue atrapada en la burocracia mientras millones de celulares continúan recibiendo comunicaciones no deseadas.
El verdadero problema no es únicamente una llamada del BBVA. El verdadero problema es un modelo que durante demasiado tiempo permitió que la privacidad de los ciudadanos fuera tratada como un activo comercial antes que como un derecho fundamental.
La multa representa un precedente, pero también evidencia que el Estado continúa actuando con una lógica reactiva: primero deja que el problema se masifique y después comienza a sancionar algunos casos emblemáticos.
La defensa del consumidor no puede depender exclusivamente de la paciencia de quienes deciden denunciar. Un sistema verdaderamente eficaz debe impedir que las malas prácticas se generalicen antes de intervenir.
Reflexión final
El respeto a la privacidad no debería conquistarse expediente por expediente. Debería ser una obligación incuestionable para todas las empresas y una prioridad permanente para las autoridades. Si Indecopi realmente quiere recuperar la confianza ciudadana, este caso no puede convertirse en una excepción mediática. Debe marcar el inicio de una fiscalización masiva contra todas las entidades que continúan ignorando la voluntad de los consumidores. Porque el verdadero derecho del ciudadano no consiste en aprender a bloquear llamadas. Consiste en que nunca vuelvan a realizarse cuando ya dijo claramente no. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).