En el Perú, la trata de personas no es una tragedia excepcional: es una industria criminal que funciona todos los días. Entre enero de 2023 y abril de 2026, el Ministerio Público registró 7.429 casos. Son alrededor de 2.200 al año, 186 al mes y seis víctimas por día. Seis. Cada día.
Y, sin embargo, para buena parte del Congreso, el problema parece no alcanzar categoría de urgencia. Hay discursos para casi todo, comisiones para casi cualquier disputa y energía parlamentaria de sobra para peleas partidarias. Pero cuando se trata de adolescentes explotadas, mujeres engañadas y personas convertidas en mercancía, la prioridad se evapora.
Las cifras deberían avergonzar a cualquier Estado serio. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, el 86,3% de las víctimas registradas en la última década fueron mujeres. El 30,4% tenía entre 12 y 17 años; el 51,5%, entre 18 y 29. Además, la explotación sexual representa el 54,8% de los casos.
No hablamos de un delito oculto y difícil de dimensionar. Sabemos quiénes son las principales víctimas, conocemos las regiones críticas y existe desde 2021 una Política Nacional frente a la Trata de Personas al 2030. Tiene tres objetivos y 42 servicios públicos comprometidos. En teoría, formidable. En la práctica, siete de esos servicios ni siquiera cuentan con metas presupuestales.
Un estudio encargado por CHS Alternativo estimó que implementar adecuadamente la política requeriría más de S/1.159 millones. En los últimos años, se habría destinado alrededor del 1% de esa cantidad. Traducido al lenguaje brutal de las prioridades nacionales: combatir la trata equivale aproximadamente a 17 céntimos por persona.
Diecisiete céntimos. Ese parece el tamaño presupuestal de nuestra indignación.
Los partidos tampoco salen bien librados. Fuerza Popular incluye la trata dentro del crimen organizado, pero sin una estrategia suficientemente específica para víctimas. Renovación Popular no plantea medidas concretas sobre trata y explotación sexual. Juntos por el Perú ofrece propuestas más desarrolladas, aunque todavía dispersas. Las demás bancadas mencionan protección, violencia o infancia, pero sin convertir el problema en política central.
El Congreso debe dejar de tratar la trata como nota al pie. Se necesita presupuesto real, fiscalías especializadas fortalecidas, refugios, prevención, atención psicológica, reintegración laboral y persecución financiera de las mafias.
Reflexión final
La trata prospera porque existen criminales, pero también porque encuentra un Estado lento, presupuestos miserables y políticos distraídos. Cuando seis personas son víctimas cada día y el Parlamento continúa mirando hacia otro lado, la indiferencia institucional deja de ser descuido: empieza a convertirse en complicidad por abandono. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).