Chile ha dado un paso significativo en su estrategia contra el crimen organizado. Mediante la denominada Operación Cancerbero, el Gobierno trasladó a 687 internos hacia el complejo penitenciario La Laguna, en Talca, entre ellos reclusos considerados de alta peligrosidad y miembros de organizaciones criminales. La puesta en escena recordó inevitablemente a los operativos desarrollados en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele, aunque las autoridades chilenas sostienen que buscan desarrollar un modelo propio.
La primera etapa del operativo movilizó a cerca de 300 internos. Entre ellos figuraban integrantes de estructuras vinculadas al crimen organizado y al menos nueve líderes de bandas, que fueron destinados a módulos de máxima seguridad y sometidos a un régimen especial de vigilancia.
La cárcel La Laguna constituye el centro de esta nueva estrategia. Inaugurada en 2025 durante el gobierno de Gabriel Boric, posee capacidad para más de 2.000 internos y cuenta con sistemas reforzados de vigilancia, más de 1.500 cámaras y mecanismos destinados a bloquear comunicaciones telefónicas.
El objetivo declarado resulta claro: evitar que cabecillas y miembros de organizaciones criminales continúen dirigiendo actividades ilícitas desde los establecimientos penitenciarios. El nuevo régimen incluye segregación según peligrosidad, controles más estrictos, restricciones en las comunicaciones y condiciones diferenciadas para determinados internos.
La comparación con Nayib Bukele surgió especialmente por las imágenes del traslado: internos uniformados, formaciones controladas, fuerte presencia policial y una transmisión oficial que mostró prácticamente todo el procedimiento. El presidente José Antonio Kast incluso había visitado anteriormente el sistema penitenciario salvadoreño, aunque su gobierno asegura que no pretende reproducirlo literalmente y habla de un “estilo chileno”.
La operación también generó cuestionamientos. Sectores de la oposición consideran que la transmisión en vivo y la musicalización de los videos convirtieron una acción penitenciaria en una herramienta de comunicación política. Esa crítica merece ser debatida, pero no debería desplazar el asunto fundamental: quién controla realmente las cárceles.
La experiencia chilena deberá evaluarse por sus resultados y no solamente por sus imágenes. Si logra impedir comunicaciones criminales, separar liderazgos delictivos y reducir la capacidad operativa de las bandas desde prisión, habrá producido un avance relevante.
Reflexión final
Una cárcel de alta seguridad no debería medirse por cuánto se parece al modelo Bukele, sino por cuánto fortalece al Estado dentro de la legalidad. La verdadera prueba comenzará después de las cámaras: comprobar si los cabecillas dejan efectivamente de dirigir el delito desde sus celdas y si la seguridad ciudadana mejora fuera de los muros. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).