Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ofrecen una radiografía incómoda de la política peruana. Más de 90 mil candidatos competirán el próximo 4 de octubre y, según las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, casi el 57% no ha concluido estudios posteriores al colegio.
El dato no debe utilizarse para discriminar ni convertir un título profesional en requisito democrático. El derecho a elegir y ser elegido no depende de un diploma. Pero gobernar tampoco consiste en improvisar frente a un presupuesto, una obra pública o una crisis. La representación popular merece diversidad; la gestión pública exige preparación.
Según el análisis de ECData con información del JNE, el 52% de los postulantes tiene secundaria como máximo nivel educativo concluido y el 4,6% solo primaria. La brecha disminuye mientras aumenta la responsabilidad del cargo: entre quienes buscan gobernaciones regionales, el 11% no registra estudios superiores concluidos; entre candidatos a alcaldías provinciales, el 20%; y entre aspirantes a alcaldías distritales, el porcentaje sube al 39%.
La situación es todavía más pronunciada entre regidores distritales: dos de cada tres no reportan estudios superiores concluidos.
Esto no significa que una persona sin universidad sea incapaz de gobernar ni que un doctorado produzca automáticamente honestidad o eficiencia. El país posee demasiados ejemplos para saber que los títulos tampoco vacunan contra la corrupción. Sin embargo, conocimientos técnicos, experiencia y capacitación aumentan las posibilidades de comprender presupuestos, expedientes, contrataciones y políticas públicas.
Y ahí aparecen nuevamente los partidos. Si una organización sabe que buena parte de sus candidatos carece de preparación especializada, su obligación mínima debería ser capacitarlos. Pero con decenas de partidos que aparecen para una elección y desaparecen después, la formación política termina muchas veces sustituida por el apuro de llenar listas.
Educación e Ingeniería son las profesiones más frecuentes entre quienes sí registran estudios superiores. Sin embargo, el verdadero problema no es qué carrera estudiaron, sino qué capacidad poseen para administrar aquello que pretenden gobernar.
La democracia no debe cerrar la puerta a nadie por su nivel educativo. Pero tampoco puede convertir la inclusión en excusa para tolerar improvisación. Los funcionarios electos deberían recibir capacitación obligatoria en gestión pública, presupuesto, contrataciones, ética e integridad.
Reflexión final
El Perú elegirá miles de autoridades con enormes responsabilidades y perfiles educativos profundamente desiguales. La urna no exige diploma, y está bien que así sea.
Pero el poder debería exigir competencia. Porque representar al pueblo no requiere universidad; administrar mal sus recursos tampoco debería convertirse en aprendizaje pagado por todos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).