La Asociación del Fútbol Argentino vuelve a quedar bajo una nube que ya no pertenece al terreno de juego. Una nueva denuncia por presunto lavado de activos presentada contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino quedó en manos de la jueza federal María Servini, quien deberá definir si asume la investigación o si el expediente debe ser remitido al juzgado federal de Campana. La causa recién empieza su recorrido y no existe, por ahora, una condena ni una determinación judicial de responsabilidad. Pero el solo hecho de que la dirigencia máxima de la AFA vuelva a quedar bajo investigación obliga a mirar con atención algo mucho más amplio: la necesidad de transparencia real en una estructura que administra millones y controla uno de los activos simbólicos más poderosos de Argentina.
La denuncia se apoya en una hipótesis que deberá ser probada o descartada por la justicia. Según la presentación, se busca determinar si fondos provenientes del exterior, principalmente de España y Estados Unidos, habrían atravesado distintas financieras y un estudio jurídico antes de llegar a la sede de la AFA o a inmuebles vinculados con dirigentes. El expediente nació a partir de publicaciones periodísticas y fue presentado por el empresario Guillermo Tofoni. El juez Diego Amarante se declaró incompetente y envió el caso al fuero federal, mientras sigue abierta la discusión sobre su eventual conexión con otra causa en Campana.
Ese detalle no es menor. La investigación por una casaquinta en Pilar, valuada en alrededor de US$17 millones y atribuida a presuntos testaferros, sigue su propio curso. La Justicia deberá establecer si ambos expedientes tienen relación o si deben tramitarse por separado. Hasta que eso ocurra, cualquier conclusión definitiva sería irresponsable.
Pero una cosa sí es evidente: la AFA no puede seguir funcionando como si la transparencia fuera un accesorio. Cuando aparecen denuncias sobre flujos de dinero, sociedades, propiedades y posibles triangulaciones financieras, la respuesta institucional no puede limitarse a esperar que los tribunales resuelvan años después. La dirigencia debería ofrecer información clara, auditorías independientes y explicaciones públicas que estén a la altura del peso económico y social del fútbol argentino.
Tapia y Toviggino conservan la presunción de inocencia. Eso debe respetarse. Pero la presunción de inocencia no exonera a una institución poderosa de rendir cuentas.
La Justicia investigará si hubo delito. La AFA, mientras tanto, debería demostrar que sus cuentas, sus operaciones y su administración pueden soportar cualquier nivel de escrutinio.
Reflexión final
El fútbol argentino puede ganar mundiales, llenar estadios y movilizar fortunas. Pero ningún éxito deportivo debería servir de escudo frente a preguntas legítimas sobre dinero y poder.
Cuando la pelota mueve millones, la transparencia no puede quedar en el banco de suplentes. Y si la Justicia vuelve a tocar la puerta de la AFA, la respuesta más saludable no debería ser cerrar filas, sino abrir las cuentas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).