“Orden y Seguridad” fue una de las principales promesas de Keiko Fujimori durante la campaña. Era una frase potente para un país agotado por extorsiones, asesinatos, secuestros y autoridades que demasiadas veces aparecen cuando el daño ya está consumado. Pero apenas transcurrido el primer mes de gobierno, el lema empieza a chocar con una realidad mucho menos prolija: errores administrativos, problemas de coordinación, respuestas tardías y una gestión que todavía no consigue transmitir aquella firmeza que ofrecía desde los estrados. Nadie puede exigir que treinta días resuelvan décadas de inseguridad, pero sí puede exigir que un Gobierno que hizo del orden su principal bandera demuestre, al menos, que sabe organizarse.
El pedido de facultades legislativas resulta una muestra incómoda. El Ejecutivo tardó aproximadamente un mes en presentar la solicitud y tuvo que regularizar documentación relacionada con el Acuerdo del Consejo de Ministros. Puede parecer una formalidad menor, pero deja de serlo cuando precisamente se solicitan 120 días de facultades para actuar con mayor rapidez. Si el Gobierno quiere poner al Estado “a mayor velocidad”, lo mínimo sería saber cómo encender correctamente el motor. Para eso existen asesores, equipos jurídicos, secretarías y funcionarios financiados con recursos públicos. Cuando fallan procedimientos elementales, ya no basta culpar al trámite: corresponde preguntarse por la calidad de quienes ocupan puestos estratégicos.
Pero donde el discurso enfrenta su prueba más dura es en la seguridad ciudadana. El caso de Trujillo, donde un secuestro terminó con cuatro personas asesinadas y donde existiría una presunta vinculación con actividades relacionadas con minería ilegal, expone la magnitud del desafío. Frente a un crimen semejante, el país necesita conducción política visible, inteligencia, coordinación entre Policía y Fiscalía y resultados sustentados en investigaciones rigurosas. No necesita improvisación ni presentaciones que generen más interrogantes que certezas.
La responsabilidad de cualquier detenido deberá establecerse mediante pruebas, peritajes y trabajo fiscal y policial. La seguridad no puede convertirse en una puesta en escena para demostrar eficacia antes de demostrar culpabilidad. Un Gobierno que prometió orden debería saber que la autoridad no consiste en exhibir resultados apresurados, sino en conseguir resultados sólidos.
El problema ya trasciende los episodios aislados. Cuando una administración construye buena parte de su legitimidad alrededor del “orden y seguridad”, cada falla pesa el doble. Keiko Fujimori no tiene la obligación de eliminar en semanas una criminalidad construida durante años, pero sí tiene la obligación de demostrar que existe estrategia, liderazgo y rumbo. Gobernar no consiste en repetir el eslogan con mayor volumen cuando aparecen las dificultades; consiste en probar que detrás del eslogan había un plan.
Un mes es poco para derrotar al crimen organizado, pero suficiente para detectar señales que preocupan. El Gobierno todavía puede corregir procedimientos, fortalecer equipos técnicos, exigir responsabilidades políticas y construir una estrategia integral que trascienda operativos, conferencias y fotografías.
La ciudadanía no espera milagros. Pero tampoco puede aceptar que el Estado continúe aprendiendo mientras la delincuencia actúa como una organización profesional.
Reflexión final
“Orden y Seguridad” debe abandonar definitivamente la campaña y empezar a aparecer en los resultados. La autoridad se construye con inteligencia, prevención, instituciones coordinadas, funcionarios competentes y decisiones oportunas.
Keiko Fujimori prometió poner orden en el país. Ahora enfrenta una prueba más incómoda: poner orden dentro de su propio Gobierno.
Porque si el Ejecutivo continúa mostrando descoordinación mientras la delincuencia avanza, aquella gran promesa electoral podría terminar convertida en su mayor contradicción: mucho “orden y seguridad” para ganar el poder y demasiado desorden para ejercerlo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).