Una advertencia ignorada y una vida perdida. Susy Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, fue asesinada a balazos mientras participaba en una actividad proselitista en un mercado de Caraz. El crimen resulta todavía más alarmante porque, nueve días antes, había denunciado públicamente amenazas contra su vida y afirmado que ya había informado de ellas a las instituciones correspondientes.
Una candidata anuncia que quieren matarla, pide protección y, pocos días después, es asesinada. ¿Qué más necesita ocurrir para que el Gobierno de Keiko Fujimori comprenda que la criminalidad no se enfrenta con discursos, operativos pasajeros ni declaraciones de indignación después de cada funeral?
Aponte caminaba acompañada por simpatizantes cuando un hombre armado le disparó en la cabeza e hirió a otras personas. La Policía detuvo posteriormente a un ciudadano como presunto autor material del ataque.
Sin embargo, capturar a quien habría accionado el arma no resuelve el caso. La investigación debe determinar si existieron autores intelectuales, quiénes financiaron el crimen, qué motivaciones estuvieron detrás y qué ocurrió con las denuncias formuladas previamente por la víctima.
En videos publicados antes de su muerte, Aponte señaló a altos mandos policiales y fiscales como presuntamente vinculados con amenazas y organizaciones criminales. Esas acusaciones no han sido judicialmente comprobadas y los mencionados conservan plenamente su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Precisamente por su gravedad, no pueden convertirse en verdades automáticas ni ser archivadas como simples expresiones políticas: deben investigarse de manera independiente, exhaustiva y transparente.
El caso expone una falla que se repite con una regularidad inaceptable. Una persona amenazada denuncia, deja constancia pública, solicita ayuda y permanece expuesta. Después del asesinato aparecen comunicados, detenciones iniciales y promesas de llegar “hasta las últimas consecuencias”. El Estado llega con patrulleros cuando ya no queda una vida que proteger.
La prevención parece haberse convertido en una oficina que recibe documentos, mientras la reacción comienza únicamente después de que se dispara el arma. Esa forma de administrar la seguridad no protege ciudadanos: contabiliza víctimas.
El asesinato de una periodista y candidata también constituye una amenaza directa contra la libertad de expresión y la democracia. Cuando una persona puede ser eliminada durante una campaña, el mensaje no se dirige solamente a sus familiares o seguidores. Se dirige a todo periodista, denunciante o adversario político: investigar, hablar y competir electoralmente puede tener consecuencias mortales.
La presidenta Keiko Fujimori fue mencionada directamente por Aponte antes del crimen mediante un pedido público de intervención. Corresponde establecer si ese llamado llegó a alguna instancia gubernamental, qué autoridades lo conocieron, qué medidas fueron adoptadas y por qué no se garantizó una protección efectiva.
La Caja Negra exige una investigación fiscal autónoma, con un equipo especial ajeno a cualquier institución cuestionada en las denuncias. También debe revisarse la actuación de quienes recibieron las alertas y establecerse si existieron negligencias, omisiones o responsabilidades funcionales.
El Gobierno debe crear un protocolo nacional de protección urgente para periodistas, candidatos y denunciantes amenazados. No puede esperarse que cada víctima consiga notoriedad en redes sociales para merecer seguridad.
Reflexión final
Keiko Fujimori no puede limitarse a lamentar este asesinato. Gobernar también significa responder por la capacidad del Estado para proteger a quien avisa que está en peligro.
Susy Aponte denunció, señaló el riesgo y pidió ayuda. Hoy está muerta. La pregunta ya no es solamente quién disparó, sino quién ordenó el crimen, quién permitió que ocurriera y por qué las instituciones no reaccionaron a tiempo. Si este caso tampoco obliga al Gobierno a cambiar su estrategia, habrá que preguntarse cuántas víctimas más necesita el poder para dejar de observar la tragedia y comenzar, finalmente, a gobernar. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).