El agua de mesa se compra bajo una promesa elemental: que puede beberse con seguridad. Sin embargo, el Ministerio de Salud ordenó retirar del mercado productos de las marcas Timonel y Lybre después de que Digesa detectara la bacteria Pseudomonas aeruginosa, considerada un riesgo para la salud pública. La población recibió una alerta urgente; las empresas y las autoridades, en cambio, quedaron obligadas a responder una pregunta incómoda: ¿cómo llegaron esos productos hasta los puntos de venta?
El hallazgo no puede reducirse a un desperfecto menor ni esconderse detrás de la conocida frase “se están realizando las investigaciones”. Según el Minsa, la presencia de la bacteria en varios lotes constituye un indicador de contaminación y puede provocar infecciones, especialmente en personas inmunológicamente vulnerables.
Digesa dispuso que supermercados, mercados, bodegas, distribuidores y otros establecimientos retiren inmediatamente los productos señalados. La medida es necesaria, pero debe ejecutarse con rapidez y verificarse en todo el país. Una alerta publicada no retira por sí sola una botella de un anaquel, no informa automáticamente al comerciante y tampoco protege al consumidor que ya compró el producto.
Aquí no basta con anunciar vigilancia sobre el fabricante. Las autoridades deben identificar públicamente los lotes comprometidos, precisar fechas de elaboración y vencimiento, informar los lugares de distribución y explicar qué controles fallaron. También corresponde establecer un mecanismo sencillo para devolver los productos y recuperar el dinero. El consumidor no debe convertirse en detective sanitario ni asumir la pérdida económica por comprar aquello que se ofrecía como seguro.
Las empresas involucradas tienen derecho a presentar sus descargos, pero también la obligación de colaborar, informar y ejecutar el retiro sin ambigüedades. Cuando se comercializa agua para consumo humano, la transparencia no es una estrategia de relaciones públicas: es una responsabilidad sanitaria.
La detección demuestra que la vigilancia funciona, pero también revela que productos presuntamente contaminados lograron alcanzar el mercado. Digesa debe supervisar el retiro completo, publicar sus resultados y aplicar las medidas correctivas o sanciones que correspondan. Los comercios que mantengan estas aguas en exhibición también deben responder.
Reflexión final
En un país donde muchas familias compran agua porque desconfían de la que reciben, descubrir bacterias en una botella sellada golpea la última reserva de confianza. La salud pública no puede depender de que el consumidor vea una noticia a tiempo. El agua debe salir segura de la planta, mantenerse segura en la distribución y llegar segura a la mesa. Todo lo demás es vender tranquilidad con una etiqueta y trasladar el riesgo a quien paga. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).