Quieren administrar municipios, gobiernos regionales y presupuestos millonarios, pero más del 40% de los candidatos todavía no informa con claridad cómo financia su propia campaña. La contradicción resulta incómoda: se ofrecen como futuros guardianes del dinero público mientras mantienen pendientes las cuentas del dinero electoral. La transparencia, al parecer, continúa siendo una promesa para después del mitin.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que 6.028 candidatos —el 56,74% de los obligados— presentaron sus reportes financieros hasta la tarde del miércoles. Esto significa que aproximadamente cuatro de cada diez aún debían declarar los aportes e ingresos recibidos y los gastos efectuados entre el 7 de enero y el 5 de septiembre.
La situación también alcanza a los partidos. De 75 organizaciones políticas obligadas a reportar sus finanzas, 42 cumplieron y 33 —el 44%— continuaban pendientes. El plazo vence el viernes 18 de septiembre; por tanto, todavía no corresponde afirmar que todos los rezagados hayan cometido una infracción definitiva. Pero esperar hasta la última hora para transparentar el origen y el destino del dinero tampoco constituye precisamente una demostración de responsabilidad.
La rendición de cuentas no es un trámite decorativo ni una cortesía administrativa. Permite conocer quién aporta, cuánto entrega y qué intereses podrían acompañar ese financiamiento. Una campaña opaca abre espacio a recursos de procedencia desconocida, aportantes simulados, gastos no declarados y compromisos que el elector descubrirá cuando ya sea demasiado tarde.
Los candidatos suelen hablar con entusiasmo de integridad, lucha contra la corrupción y buena administración. Sin embargo, esas palabras pierden autoridad cuando sus propios reportes financieros permanecen pendientes. Quien no puede organizar las cuentas de una campaña difícilmente inspira confianza para conducir una municipalidad o un gobierno regional.
La obligación, además, se mantiene incluso para quienes renunciaron, fueron tachados, excluidos o no resulten elegidos. El dinero utilizado para influir en una elección debe ser fiscalizado independientemente del desenlace político.
La ONPE debe publicar información accesible, identificar a quienes incumplan después del vencimiento y aplicar las sanciones correspondientes sin excepciones partidarias. La fiscalización pierde eficacia cuando llega tarde o se reduce a expedientes que pocos ciudadanos pueden consultar.
Reflexión final
Antes de pedir el voto, los candidatos deben mostrar sus cuentas. La democracia no solo se contamina cuando se compra una voluntad; también cuando se oculta quién pagó la campaña que intentó conquistarla. Quien aspira a gobernar con transparencia debe empezar por financiarse con transparencia. Fuente informativa: Gestión. (Foto ilustración: lacajanegra.blog)