El sistema deportivo no puede utilizar las medallas de Angélica Espinoza para tapar sus denuncias de trato injusto. En París 2024 ganó el oro paralímpico mientras Yvonne de la Cruz, su entrenadora de trayectoria, la dirigía desde la tribuna. En Corea del Sur obtuvo plata en julio de 2025 tras competir por invitación gestionada por ella, ya que su federación no la inscribió. El señalamiento de que la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo no la inscribió exige esclarecimiento documental. La campeona entrega resultados; el IPD y la federación deben entregar explicaciones.
Dos oros paralímpicos, en Tokio 2020 y París 2024, y dos parapanamericanos, en Lima 2019 y Santiago 2023, acreditan su excelencia. Sin embargo, el respeto no debería depender del medallero. Ninguna deportista tiene que conquistar el mundo para que una oficina escuche sus reclamos. Mucho menos agradecer en silencio decisiones que considera injustas.
La Federación Deportiva Peruana de Taekwondo presentó a último momento a otra entrenadora oficial para París. Debe explicar qué razones técnicas justificaron esa decisión y cómo evaluó sus consecuencias sobre el trabajo entre Espinoza y De la Cruz. Angélica ganó pese al conflicto; eso no demuestra que la gestión fuera correcta. Tener facultades para designar no significa poder decidir sin rendir cuentas. La autoridad debe sostenerse en criterios verificables, no protegerse detrás del cargo.
El IPD tampoco resuelve el conflicto enumerando apoyos económicos. Financiar la preparación es cumplir una función pública. No genera una deuda de obediencia. La atleta conserva su derecho a denunciar, discrepar y exigir respuestas. Recordarle lo recibido mientras reclama por el trato desvía la discusión y deja sin responder las decisiones cuestionadas.
En Corea, la omisión de inscripción debe esclarecerse: Corresponde mostrar solicitudes y comunicaciones. ¿Qué habría ocurrido si una omisión administrativa le hubiera impedido competir? Si se demuestra esa negligencia, obtener finalmente una medalla no la volvería menos grave. Los resultados no deben servir para borrar responsabilidades.
La empatía institucional necesita hechos: escuchar, resolver conflictos y proteger la continuidad de la preparación. Si únicamente aparece después del triunfo, se parece demasiado al aprovechamiento del prestigio ajeno. Una medalla no transforma un procedimiento deficiente en una decisión acertada.
El IPD y la federación deben responder y permitir una revisión de sus actuaciones. Las arbitrariedades, negligencias o incumplimientos acreditados deben generar sanciones. Exigir rendimiento a la deportista mientras se evita evaluar a quienes deciden constituye una doble vara inaceptable. Los dirigentes también deben asumir consecuencias cuando incumplen.
Reflexión final
Angélica no necesita obstáculos administrativos ni homenajes que sustituyan respuestas. Merece respeto durante la preparación y cuando levanta la voz. El podio pertenece a su esfuerzo; los errores de gestión tienen responsables. Que la campeona gane no concede permiso para cerrar los ojos ante lo que denuncia. Celebrar sus medallas y eludir sus reclamos sería utilizar su éxito sin asumir las obligaciones que lo acompañan. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).