Un informe reciente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reveló una cifra estremecedora: el 89% de los cubanos vive en pobreza extrema. El dato no solo desmiente décadas de propaganda sobre un modelo “con derechos sociales garantizados”, sino que desnuda la fragilidad de un sistema que ha dejado de responder a las necesidades más básicas de su población. La isla, que alguna vez se presentó como vitrina de igualdad y justicia social, enfrenta hoy un colapso económico y social que amenaza con arrastrar a toda una generación a la desesperanza y la migración masiva.
Los números retratan una crisis transversal. Según la encuesta, 7 de cada 10 familias se ven obligadas a saltarse alguna comida diaria. Los apagones, que superaron a la crisis alimentaria como principal preocupación, golpean al 72% de los hogares. A ello se suman salarios de miseria, inflación desbordada y un sistema de salud cada vez más precario, donde solo el 3% logra adquirir medicinas en farmacias estatales. El deterioro no distingue edad ni color de piel: afecta por igual a ancianos, jóvenes y niños, aunque los mayores de 70 años y quienes no reciben remesas son los más vulnerables.
La vida cotidiana está marcada por la insuficiencia. El 55% de los hogares reconoce que no puede cubrir ni lo más esencial para sobrevivir, mientras que el 27% apenas llega a lo básico. Las viviendas en ruinas, el acceso irregular al agua potable y las pensiones que no alcanzan ni para “malcomer” muestran cómo la crisis ha penetrado en cada rincón de la sociedad cubana.
Más allá de las cifras, el informe refleja la fractura de un pacto social basado en promesas incumplidas. El Estado, principal empleador, mantiene a casi la mitad de la fuerza laboral en condiciones de precariedad, mientras se reduce aceleradamente el alcance de los subsidios. En paralelo, el discurso oficial insiste en culpar a factores externos, mientras ignora la voz de los ciudadanos que reclaman cambios profundos.
El desencanto es tan grande que el 78% de los cubanos quiere emigrar o conoce a alguien que lo desea, un éxodo que refleja la falta de horizontes internos. Para los jóvenes, que en teoría deberían liderar el futuro de la isla, la alternativa más realista parece ser huir, aunque el destino sea “cualquier lugar” que ofrezca una vida más digna.
El informe del OCDH confirma lo que la realidad cotidiana ya mostraba: la crisis cubana no es coyuntural, es estructural. No basta con explicar la miseria a partir de sanciones externas o fluctuaciones del mercado mundial. Lo que está en juego es un modelo que ha perdido la capacidad de sostener a su propia población y que, en lugar de garantizar derechos, condena a la mayoría a la escasez y la exclusión.
La reflexión es ineludible: cuando casi 9 de cada 10 ciudadanos vive en la pobreza extrema, el discurso de las “conquistas sociales” se vuelve un espejismo insostenible. El verdadero desafío para Cuba no está en maquillar las estadísticas ni en negar la crisis, sino en asumir que la justicia social no se mide por consignas, sino por la posibilidad real de que cada persona pueda comer, curarse, educarse y vivir con dignidad. Hasta que eso no ocurra, la isla seguirá atrapada entre el mito y la desesperanza.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra