El Perú vuelve a atravesar una etapa decisiva. Tras la vacancia de Dina Boluarte, el país se encuentra nuevamente frente a una encrucijada que pondrá a prueba su capacidad institucional, económica y social. Los principales gremios empresariales han expresado su preocupación por el impacto que esta nueva crisis política puede generar sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, el empleo formal y la inversión privada. Sin embargo, entre la incertidumbre también emerge una oportunidad: reconstruir la confianza perdida y apostar por un modelo de desarrollo ético, sostenible y unido.
El precio de la inestabilidad
Los gremios empresariales coinciden en que el costo de la inestabilidad política ha sido alto y acumulativo. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, la criminalidad y la falta de gobernabilidad generan pérdidas anuales superiores a S/19,800 millones, el equivalente al 1.7 % del PBI nacional. Esta cifra, que supera incluso al presupuesto del sector Orden y Seguridad, evidencia la magnitud del daño que la crisis institucional causa en la economía real.
Óscar Zapata, presidente de PERUCÁMARAS, señaló que el país enfrenta una profunda pérdida de confianza. “La vacancia de la presidenta Boluarte no es el fin de la crisis, sino la expresión de un modelo agotado de gobernabilidad que debe replantearse con urgencia”, advirtió. Para el empresariado, la fragmentación política y la ausencia de consensos han debilitado al Estado y afectado la seguridad jurídica, factor clave para atraer inversión y generar empleo.
Mypes y sectores golpeados
El impacto más inmediato se refleja en los sectores más vulnerables. Daniel Hermoza, líder de Mypes Unidas, advirtió que cada episodio de inestabilidad implica una frenada económica que golpea directamente a las pequeñas empresas, responsables de más del 80 % del empleo en el país. En lugares como Gamarra o Mesa Redonda, los paros y protestas han significado pérdidas diarias de hasta S/3 millones y la paralización de decenas de miles de trabajadores.
A ello se suma el incremento del tipo de cambio, el encarecimiento de insumos importados y la caída en el consumo interno, que terminan afectando al “peruano de a pie”. Para Jharit Allcca, presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, “la crisis no puede seguir resolviéndose con medidas políticas improvisadas, sino con una estrategia integral que incluya seguridad, formalización y oportunidades para todos”.
Un llamado a reconstruir el país
Desde la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Karsten Kunckel destacó que el Congreso debe priorizar la estabilidad y la construcción de un gobierno de consenso, capaz de garantizar orden, seguridad y predictibilidad. “El país no puede permitirse más improvisación”, afirmó.
El mensaje del empresariado es claro: el Perú necesita reglas claras, liderazgo ético y políticas sostenibles. La salida de Boluarte debe marcar el fin de la improvisación y el inicio de una nueva etapa basada en el diálogo, la transparencia y la reconstrucción de la confianza.
En un país fatigado por las crisis, el sector empresarial vuelve a recordar que sin estabilidad política no hay desarrollo económico, pero también que sin justicia social y ética pública, la prosperidad será siempre frágil. Hoy, más que nunca, el Perú tiene la oportunidad de reconstruirse desde la responsabilidad, la unión y la visión compartida de un futuro mejor.