El melanoma no espera resoluciones, oficios ni excusas administrativas. Avanza, deteriora y puede matar cuando el tratamiento no llega a tiempo. Por eso resulta una vergüenza que pacientes con este cáncer agresivo no puedan acceder a terapias que ya fueron evaluadas favorablemente por el propio Estado. La salud pública no puede prometer en el papel lo que niega en la realidad.
Aquí no se trata de una medicina experimental ni de una demanda improvisada. La Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias ya emitió una recomendación positiva para el tratamiento, pero nuevos pacientes siguen enfrentando barreras para acceder de manera oportuna y equitativa. Es decir, el Estado reconoce técnicamente la necesidad, pero sus instituciones no logran convertir esa decisión en atención concreta.
Según organizaciones de pacientes, el problema no es la falta de presupuesto, sino la mala gestión. El INEN duda en comprar porque no sabe si el SIS devolverá el dinero; el SIS afirma que ya dio el visto bueno. Mientras tanto, los pacientes quedan atrapados en una cadena burocrática que parece diseñada para cansar, confundir y abandonar.
El dato es alarmante: el melanoma registra alrededor de 1,360 casos al año en el país. En una enfermedad que puede avanzar rápidamente, cada semana perdida no es un simple retraso: es menos oportunidad de supervivencia, más angustia familiar y más deterioro físico.
También hay una injusticia de fondo. No puede haber pacientes de primera y segunda categoría según el tipo de cáncer que padecen. La Ley Nacional del Cáncer habla de acceso universal, pero en la práctica algunos pacientes siguen excluidos pese a existir evidencia, aprobación técnica y necesidad clínica urgente.
Cuando existe tratamiento aprobado, presupuesto disponible y pacientes esperando, la demora deja de ser un problema administrativo y se convierte en una falta ética. El Ministerio de Salud, SIS, FISSAL e INEN deben responder con acciones inmediatas, no con explicaciones circulares.
Reflexión final
La salud no puede depender de quién firma primero, quién reembolsa después o quién asume el costo político. Si el Estado aprueba un tratamiento, debe garantizar que llegue al paciente. Lo contrario no es gestión pública: es abandono con sello oficial. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).