Usted entra al supermercado como cliente, paga como ciudadano responsable y sale tratado como sospechoso en libertad condicional. Esa es la escena absurda que empieza a normalizarse: después de pasar por caja, entregar dinero, recibir boleta y cargar sus productos, todavía debe enseñarle el ticket a un vigilante que muchas veces ni revisa nada. Mira el papel, asiente y deja pasar. Teatro de seguridad, coreografía de desconfianza.
La explicación empresarial suena razonable: prevenir robos, cuidar inventarios, reducir pérdidas. Nadie niega que los comercios tengan derecho a proteger su mercadería. Pero una cosa es la seguridad y otra, muy distinta, es instalar la sospecha como bienvenida y despedida del consumidor. Porque si el ticket no se contrasta con los productos, si nadie verifica nada con seriedad, entonces no estamos ante un control real, sino ante un gesto intimidatorio vestido de protocolo.
El problema no es solo mostrar un papel. El problema es el mensaje: “usted pagó, pero igual debe probar que no robó”. En un país donde el ciudadano ya soporta colas, malos servicios, precios altos y atención indiferente, ahora también debe aceptar que comprar sea una experiencia vigilada. La empresa protege su inventario; perfecto. ¿Y quién protege la dignidad del cliente?
Más grave todavía es cuando algunos establecimientos cruzan la línea e intentan revisar mochilas, carteras o bolsos sin una razón objetiva. La activación de una alarma, una conducta claramente sospechosa o un indicio concreto pueden justificar una intervención prudente. Pero la simple voluntad del vigilante no convierte al consumidor en objeto de inspección. La seguridad privada no puede actuar como autoridad pública ni convertir la puerta del supermercado en una aduana informal.
Aquí hay una comodidad peligrosa: trasladar al cliente el costo de la desconfianza empresarial. En lugar de invertir mejor en tecnología, cámaras, logística, control interno y personal capacitado, se instala el ritual del ticket como si fuera solución mágica. Y el consumidor, por evitar incomodidades, termina aceptando pequeñas humillaciones cotidianas.
El cliente puede pedir explicaciones, negarse a revisiones injustificadas, exigir el libro de reclamaciones y denunciar ante Indecopi si considera vulnerados sus derechos. La seguridad es legítima; el abuso no.
Reflexión final
Cuando una compra termina pareciendo interrogatorio, algo está fallando. No solo en el supermercado, sino en una sociedad que se acostumbra demasiado rápido a obedecer controles sin preguntar por qué. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).