Paro de transportistas por combustibles caros y desgobierno

El paro de transportistas anunciado para el martes 2 de junio no es una protesta aislada ni un simple reclamo sectorial. Es la consecuencia directa de combustibles caros, promesas incumplidas y un Gobierno que vuelve a reaccionar tarde. Cuando el transporte se paraliza, el país entero paga la factura.

Más de 120 mil transportistas de carga pesada, junto con empresas urbanas de Lima y Callao, han advertido una paralización nacional ante el incremento del diésel y la falta de medidas concretas. El pedido central es un subsidio temporal que permita sostener el servicio sin trasladar todo el costo al ciudadano.

Según los gremios, el combustible habría pasado de 12,50 a casi 24 soles por galón entre marzo y mayo. Esa alza no se queda en los grifos: termina en el pasaje, en el mercado, en el pan, en la fruta, en el menú y en cada producto que depende de una carretera. El ciudadano no solo paga el combustible cuando sube a un bus; también lo paga cuando compra alimentos para su familia.

Pero el drama del transporte no es únicamente económico. A los combustibles caros se suman la extorsión, las amenazas y el cobro de cupos. Los choferes trabajan entre el encarecimiento operativo y la inseguridad criminal, mientras el Estado parece más hábil para anunciar reuniones que para ejecutar soluciones.

Los gremios aseguran que hubo compromisos previos, mesas de diálogo y acuerdos pendientes. Sin embargo, los decretos urgentes no llegan. Esa es la vieja rutina del desgobierno: conversar sin resolver, prometer sin firmar, anunciar sin cumplir. Mientras tanto, el país queda al borde de otra jornada de caos.

Un paro de transportistas no detiene solo camiones y buses. Detiene comercio, educación, trabajo, abastecimiento y vida cotidiana. Por eso, el Gobierno no puede seguir administrando la crisis con discursos ni esperar que la calle estalle para recién actuar.

Reflexión final
Gobernar no es mirar el incendio desde la ventana del poder. Gobernar es prevenir, decidir y cumplir. Si el Ejecutivo no responde con seriedad, el 2 de junio será otra prueba de que el Perú sigue pagando, con indignación y bolsillo vacío, el precio de los combustibles caros y del desgobierno. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).

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