La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no solo debe analizarse desde los discursos de campaña. También debe observarse desde las votaciones que sus bancadas realizaron en el Congreso. Allí, lejos del micrófono electoral y de la frase preparada, aparece una radiografía más clara de sus prioridades, contradicciones y formas de entender el poder.
Fuerza Popular y Juntos por el Perú han intentado presentarse como proyectos profundamente distintos. Y en varios temas lo son. El fujimorismo respaldó decisiones altamente cuestionadas como el retorno a la bicameralidad, el bloqueo al referéndum, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la inhabilitación de Zoraida Ávalos, la sanción contra miembros de la Junta Nacional de Justicia, la Ley Soto, la Ley APCI y la Ley de Amnistía vinculada a militares y policías investigados por violaciones a los derechos humanos.
Juntos por el Perú, en cambio, se opuso a varias de esas medidas, marcando distancia frente a iniciativas que fueron criticadas por afectar la institucionalidad, los derechos ciudadanos y los mecanismos de control democrático. En esas votaciones, JP buscó ubicarse en una orilla distinta: contra el abuso parlamentario, contra la concentración de poder y contra leyes percibidas como favorables a la impunidad.
Pero el análisis no puede caer en la ingenuidad. Juntos por el Perú también tuvo votaciones que muestran contradicciones, especialmente en algunos procesos de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, donde hubo coincidencias parciales con Fuerza Popular. Y cuando fuerzas supuestamente enfrentadas coinciden en decisiones sensibles, el ciudadano tiene derecho a sospechar que la política peruana suele tener menos principios de los que proclama y más acuerdos de los que reconoce.
Esa es la parte mordaz de nuestra democracia: los partidos se insultan en campaña, pero muchas veces negocian en el Congreso. Se presentan como enemigos irreconciliables ante las cámaras, pero terminan coincidiendo cuando se reparten cuotas, cargos o influencias. La política peruana ha convertido la contradicción en método y la conveniencia en doctrina.
Por eso, revisar estas votaciones no es un ejercicio académico. Es una obligación ciudadana. El elector debe mirar más allá del debate, del spot y del ataque calculado. Debe preguntarse quién defendió instituciones, quién debilitó controles, quién protegió derechos y quién votó leyes que hoy generan preocupación democrática.
La Caja Negra sostiene que las diferencias entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular existen, pero no deben servir para esconder el problema mayor: un Congreso que ha tomado decisiones de enorme impacto sin escuchar suficientemente a la ciudadanía. Mientras tanto, el país sigue enfrentando inseguridad, desempleo, corrupción, racismo, pobreza y servicios públicos abandonados.
Reflexión final
La verdadera pregunta no es solo en qué se diferencian Juntos por el Perú y Fuerza Popular. La pregunta es si alguno de los dos proyectos será capaz de romper con la vieja costumbre de usar el poder para defender intereses políticos antes que al ciudadano.
Porque el Perú ya no necesita más discursos de pureza. Necesita votos, decisiones y gobiernos que demuestren decencia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).