El Perú vuelve a despertar frente a una amenaza conocida: un paro nacional de transportistas. Esta vez, los gremios anuncian una paralización indefinida desde el martes 2 de junio por el presunto incumplimiento de promesas del Gobierno. Transporte urbano, interprovincial y carga pesada entrarían en una medida que, como siempre, terminará golpeando al ciudadano que madruga, trabaja, estudia y sobrevive en medio del caos.
El problema no aparece de la nada. Según los dirigentes del sector, el Ejecutivo asumió compromisos en mesas de trabajo realizadas en abril con entidades como el MEF, PCM, MTC, Minem, Osinergmin y ATU. Sin embargo, las disposiciones prometidas no llegaron. En buen castellano político: se conversó mucho, se firmó algo, se prometió bastante y no se cumplió casi nada.
Los transportistas reclaman medidas urgentes frente al incremento de costos operativos, especialmente por el precio del diésel, combustible que sostiene gran parte del transporte de carga pesada. Si el combustible sube, no solo sufre el transportista: suben los costos logísticos, se encarecen productos, se afecta el abastecimiento y el golpe termina llegando al bolsillo del ciudadano.
Pero la crisis no es solo económica. El transporte urbano de Lima y Callao también denuncia inseguridad, amenazas y pérdida de conductores por miedo. Es decir, el sector no solo enfrenta costos altos, sino también violencia, extorsión y abandono estatal. Mientras tanto, el Gobierno parece administrar la emergencia con su fórmula favorita: silencio, demora y esperanza de que el problema se canse solo.
Lo más irónico es que cuando el paro estalla, las autoridades suelen descubrir la gravedad del conflicto. Antes no hay decretos, no hay respuestas, no hay claridad. Después aparecen comunicados, llamados al diálogo y frases solemnes sobre el orden público. El Estado peruano muchas veces no previene incendios: espera que el humo llegue a Palacio para buscar agua.
El paro de transportistas no debe celebrarse ni minimizarse. Afectará a millones de ciudadanos. Pero también expone una verdad incómoda: cuando el Gobierno incumple, posterga y no gobierna, el país entero termina detenido.
Reflexión final
El Perú necesita autoridad, pero también cumplimiento. Porque un Estado que promete y no ejecuta no solo pierde credibilidad: empuja a la ciudadanía y a los sectores productivos al conflicto permanente. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).