El Perú llegó al debate presidencial esperando respuestas. El país vive una de las peores crisis de inseguridad de su historia reciente. Las extorsiones paralizan negocios, los asesinatos ocupan titulares diarios, los secuestros aumentan, el crimen organizado se expande y miles de ciudadanos viven con miedo. Sin embargo, quienes aspiran a gobernar el país parecieron tener otras prioridades. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez desperdiciaron una oportunidad histórica para explicarle al Perú cómo piensan enfrentar la delincuencia que hoy mantiene secuestrada a gran parte de la sociedad.
Los ciudadanos no necesitaban un intercambio de reproches ni una colección de ataques personales. Necesitaban conocer propuestas concretas. Querían escuchar cómo se fortalecerá la inteligencia policial, qué estrategia se aplicará contra las extorsiones, cómo se enfrentará al crimen organizado, qué papel tendrán las Fuerzas Armadas, cómo se reformará el sistema penitenciario y de qué manera se protegerá a las víctimas.
Pero el debate dejó una sensación preocupante: la inseguridad fue tratada como un tema secundario cuando para millones de peruanos representa la principal amenaza a su vida cotidiana.
La situación es aún más grave porque la criminalidad ya no actúa de manera aislada. Detrás de las extorsiones, asesinatos y sicariato existen estructuras económicas ilegales cada vez más poderosas. El narcotráfico continúa expandiendo su influencia en diversas regiones del país. La minería ilegal mueve miles de millones de soles al margen de la ley. Ambas actividades financian redes criminales que corrompen instituciones, capturan territorios y desafían abiertamente al Estado.
Mientras tanto, el Perú sigue sin contar con una estrategia nacional integral que articule de manera eficiente a la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, inteligencia financiera, gobiernos regionales y municipalidades. La delincuencia opera como una organización coordinada; el Estado, muchas veces, responde como una suma de instituciones desconectadas.
Lo más preocupante es que el debate dejó a muchos electores más confundidos que convencidos. En lugar de fortalecer liderazgos, incrementó las dudas sobre la capacidad de ambos candidatos para enfrentar la principal emergencia nacional. Cada día que pasa sin una estrategia clara significa más víctimas, más negocios cerrados y más familias viviendo bajo amenaza.
Los debates presidenciales deberían servir para comparar visiones de país y soluciones concretas. Esta vez, la ciudadanía esperaba escuchar planes para recuperar las calles. Lamentablemente, la oportunidad se perdió entre confrontaciones y discursos que no respondieron a la magnitud de la crisis.
Reflexión final
Cuando el país se desangra por la violencia y los candidatos no logran explicar cómo detenerla, la preocupación deja de ser electoral y se convierte en una cuestión de supervivencia nacional. Porque mientras la política discute, el crimen avanza. Y el tiempo, lamentablemente, juega a favor de los delincuentes. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).