En política, las propuestas revelan intenciones. Las rectificaciones pueden demostrar capacidad de escuchar. Pero cuando un plan de gobierno cambia en cuestión de horas, eliminando medidas tan sensibles como la nacionalización de una empresa privada, lo que queda no es tranquilidad, sino incertidumbre. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con el nuevo programa de Juntos por el Perú (JPP), liderado por Roberto Sánchez: un documento que intenta moderar su discurso, pero que sigue enviando señales preocupantes sobre el futuro de la inversión privada y la estabilidad económica del país.
La polémica comenzó cuando el plan de gobierno planteó la nacionalización de Integratel —la antigua Telefónica— y la creación de una empresa estatal denominada TelPerú. Horas después, ambas propuestas desaparecieron del documento. La modificación buscó apagar la alarma, pero terminó encendiendo otra: la de la improvisación.
El problema no radica únicamente en una propuesta retirada. El fondo del debate está en la visión económica que atraviesa todo el plan. JPP plantea revisar el régimen económico de la Constitución, impulsar una Asamblea Constituyente, renegociar contratos estratégicos como Camisea, modificar el sistema de concesiones mineras, revisar los derechos de pesca e incrementar la participación estatal en distintos sectores productivos.
Ninguna de estas propuestas es ilegal ni antidemocrática. Sin embargo, generan preocupación cuando aparecen acompañadas de un discurso que presenta a la empresa privada como un actor sospechoso y a la inversión como un problema antes que como una herramienta de desarrollo. El Perú tiene enormes desafíos de desigualdad, informalidad y concentración económica, pero también es cierto que el crecimiento de las últimas décadas estuvo sostenido principalmente por la inversión privada, la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica.
Lo que preocupa a empresarios, trabajadores y especialistas no es el debate sobre reformas. Lo preocupante es la ausencia de claridad sobre cómo se financiarán las promesas, cómo se sostendrá la confianza de los inversionistas y cómo se evitará que la incertidumbre termine paralizando proyectos, empleos y oportunidades.
La historia económica latinoamericana demuestra que los países no fracasan por discutir cambios. Fracasan cuando las reglas dejan de ser previsibles y cuando la ideología reemplaza a la evidencia técnica.
El Perú necesita reformas, pero también necesita confianza. Necesita corregir desigualdades sin destruir las condiciones que generan empleo, inversión y crecimiento. La justicia social y la estabilidad económica no deberían ser objetivos enfrentados.
Reflexión final
Los ciudadanos tienen derecho a conocer con precisión qué modelo económico propone cada candidato. Cuando un plan cambia en horas y sus propuestas más controvertidas aparecen y desaparecen según la presión pública, la pregunta deja de ser qué propone un partido. La verdadera pregunta es si tiene una visión clara para gobernar. Porque las economías pueden soportar errores; lo que difícilmente soportan es la incertidumbre permanente. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).