¿Quién gobierna realmente el Perú: el Estado o las mafias?

Hace algunos años, esta pregunta habría parecido exagerada. Hoy resulta incómodamente necesaria. Mientras los gobiernos cambian, los ministros se suceden y los discursos oficiales prometen recuperar el orden, una realidad se impone en amplias zonas del país: el crimen organizado avanza con una velocidad que el Estado parece incapaz de contener. El narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones, el contrabando y otras economías ilícitas han dejado de ser problemas aislados para convertirse en estructuras de poder que desafían abiertamente la autoridad nacional.

El Estado debería tener el monopolio de la fuerza, la autoridad y el control territorial. Sin embargo, en numerosas regiones del Perú la situación parece distinta. Existen lugares donde las mafias cobran cupos, controlan rutas, financian actividades económicas, intimidan autoridades y establecen sus propias reglas. En algunos casos, los ciudadanos tienen más miedo a desobedecer a una organización criminal que a incumplir una norma estatal.

La minería ilegal es uno de los ejemplos más preocupantes. Mueve miles de millones de soles al año, destruye ecosistemas completos, financia redes criminales y genera violencia. El narcotráfico, por su parte, continúa expandiendo su influencia económica y social en diversas regiones. A ello se suman las extorsiones que han convertido a miles de comerciantes, transportistas y emprendedores en víctimas permanentes de un impuesto criminal impuesto por la fuerza.

Lo más grave es que esta situación no apareció de la noche a la mañana. Es el resultado de años de improvisación, ausencia de liderazgo y falta de una estrategia nacional sostenida. Los gobiernos de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora José Balcazar han heredado y profundizado un problema que hoy amenaza la estabilidad institucional del país. Mientras la criminalidad se organiza, se financia y se moderniza, el Estado sigue respondiendo muchas veces de manera fragmentada, reactiva y burocrática.

La consecuencia es devastadora. Cuando el ciudadano percibe que la autoridad real no la ejerce el Estado, sino organizaciones criminales capaces de imponer miedo y controlar territorios, la confianza en las instituciones comienza a erosionarse. Y sin confianza, ninguna democracia puede fortalecerse.

El Perú enfrenta un desafío que va mucho más allá de la delincuencia común. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para ejercer autoridad legítima sobre todo el territorio nacional y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Reflexión final
La pregunta ya no debería incomodar a los gobernantes, sino obligarlos a actuar. Porque cuando las mafias empiezan a ocupar espacios que el Estado abandona, el problema deja de ser únicamente policial. Se convierte en una amenaza directa a la República, a la democracia y al futuro del país. El día que los peruanos sientan que las mafias tienen más poder que el Estado, habremos cruzado una línea que ninguna nación debería permitirse cruzar. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).