El Jurado Nacional de Elecciones tiene en sus manos una decisión que va más allá de una candidatura municipal. Este lunes 13 de julio, a las 3:00 p. m., evaluará si procede la postulación de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima, luego de que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro declarara improcedente su inscripción por su condición de senador electo. La audiencia será virtual y surge tras la apelación presentada por Renovación Popular. El caso, más que un trámite electoral, se ha convertido en una prueba de consistencia institucional.
La defensa de López Aliaga sostiene que no existe impedimento legal porque, aunque fue elegido senador, aún no ha juramentado ni ejerce funciones. El argumento intenta apoyarse en una interpretación estricta: no basta ser electo, habría que estar en ejercicio del cargo. Además, Renovación Popular afirma que su líder comunicó su decisión de no jurar como senador y que habría una afectación al principio de igualdad si se le impide postular mientras otros candidatos electos sí participan.
Ese razonamiento puede sonar técnico, pero políticamente deja una pregunta incómoda: ¿los cargos otorgados por el voto popular son compromisos democráticos o fichas intercambiables según convenga al cálculo partidario? El ciudadano vota para elegir representantes, no para participar en una ruleta de posiciones donde hoy se gana un escaño, mañana se renuncia al mandato y pasado mañana se busca otro espacio de poder.
Aquí el JNE debe resolver con la ley en la mano, pero también con plena conciencia del mensaje institucional que enviará. Si permite la candidatura, deberá explicar con absoluta claridad por qué la condición de senador electo no constituye impedimento. Si la rechaza, tendrá que fundamentar sin dejar grietas. En ambos casos, la ciudadanía merece algo más que tecnicismos: merece coherencia.
La política peruana ya ha normalizado demasiadas maniobras. Se postula a un cargo mientras se mira otro, se pide el voto para una función mientras se calcula una salida distinta, se invoca la voluntad popular cuando favorece y se relativiza cuando incomoda. Esa práctica erosiona la confianza, alimenta el hartazgo y convierte las elecciones en una sucesión de jugadas tácticas antes que en un acto serio de representación.
El problema no es solo López Aliaga. El problema es un sistema que permite que la ambición personal y partidaria se disfrace de estrategia legal. La democracia no puede reducirse a encontrar el resquicio más conveniente de la norma.
El JNE debe decidir sin presión política, sin cálculo mediático y sin temor al ruido partidario. Su tarea no es complacer a un candidato ni castigar a un adversario; es proteger la integridad del proceso electoral.
Reflexión final
Lima necesita autoridades comprometidas con la ciudad, no candidaturas convertidas en escalones. La legalidad importa, pero la ética pública también. Porque cuando los cargos se tratan como piezas movibles, el voto ciudadano termina siendo el gran burlado de la política nacional. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).