El Perú ya no puede alegar sorpresa. La amenaza está identificada, los científicos están advirtiendo y los modelos climáticos están ofreciendo meses preciosos para prepararnos. Si El Niño 2026–2027 alcanza una intensidad extraordinaria y nuevamente encontramos carreteras destruidas, hospitales desbordados, pueblos inundados y autoridades explicando lo inexplicable, el problema no habrá sido únicamente la naturaleza: habrá sido, otra vez, la incapacidad del Estado para anticiparse.
Las señales descritas son suficientemente serias. Los modelos citados proyectan anomalías que podrían aproximarse a 3,5 °C en el Pacífico ecuatorial central, mientras se reporta una importante acumulación de calor bajo la superficie. El escenario todavía puede variar y sería irresponsable presentar una proyección como una sentencia inevitable. Pero sería todavía más irresponsable utilizar esa incertidumbre como coartada para no actuar.
El Perú tiene una peligrosa costumbre: administrar tragedias en lugar de prevenirlas.
Cuando llegan las lluvias, aparecen ministros con botas, chalecos, sobrevuelos, conferencias de prensa y anuncios de emergencia. Después llegan las transferencias presupuestales, las contrataciones urgentes y las promesas de reconstrucción. Finalmente, baja el agua, desaparecen las cámaras y muchas obras estructurales vuelven a esperar hasta la siguiente emergencia.
Ese círculo debe romperse.
El Gobierno de Keiko Fujimori tiene hoy una responsabilidad política que no puede trasladar a sus antecesores. Puede recibir un Estado con deficiencias acumuladas, pero desde el momento en que gobierna, también recibe la obligación de corregirlas. Ya no basta denunciar lo que dejaron Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí o José Balcázar. Gobernar significa resolver.
¿Existe un verdadero comando nacional frente a El Niño? ¿Hay presupuesto identificado? ¿Se conocen los hospitales vulnerables, carreteras críticas, quebradas peligrosas, puentes expuestos y poblaciones que podrían quedar aisladas? ¿Existe maquinaria operativa suficiente? ¿Reservas de medicamentos, alimentos, combustible y agua? ¿Cuántos sistemas de drenaje están realmente preparados?
Esas respuestas deberían estar públicamente disponibles.
Porque un simulacro no detiene un huaico, un comunicado no reconstruye un puente y una conferencia de prensa no evacúa una población.
La prevención debe convertirse en una operación nacional: Gobierno central, regiones, municipios, Fuerzas Armadas, Policía, INDECI, CENEPRED y sectores de Salud, Vivienda, Transportes, Agricultura y Educación trabajando bajo una estrategia única, con metas verificables y responsables identificadas.
El fenómeno todavía está evolucionando y la ciencia deberá precisar su intensidad y sus impactos. Sin embargo, la incertidumbre científica no justifica la parálisis política.
Si el escenario finalmente resulta menos severo, el Perú habrá ganado infraestructura y capacidad preventiva. Si resulta extremo, cada mes perdido puede convertirse en una factura dolorosa.
Reflexión final
Desde La Caja Negra advertimos algo elemental: esta vez existen alertas, información y tiempo. Por eso, si volvemos a contemplar ciudadanos sobre los techos esperando ayuda mientras las autoridades prometen investigar qué falló, ya no podremos hablar solamente de desastre natural.
Será también el fracaso perfectamente evitable de un Estado que fue advertido y decidió llegar tarde. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).