La ética democrática no debería aparecer únicamente en los discursos cuando conviene. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Daniel Urresti, de Podemos Perú, no participaron en la firma del Pacto Ético Electoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.
El pacto no decide quién puede postular ni reemplaza a la Constitución. Es un compromiso político para desarrollar una campaña sin violencia ni desinformación y respetar los resultados oficiales. Precisamente por eso, la ausencia de dos candidatos con importante presencia electoral merece explicaciones claras.
No firmar el pacto no constituye, por sí mismo, una infracción electoral. Conviene establecerlo para no convertir una crítica política en una acusación jurídica. Sin embargo, tampoco corresponde minimizar el mensaje que transmite una ausencia cuando se solicita públicamente a quienes pretenden gobernar Lima comprometerse con reglas elementales de convivencia democrática.
En el caso de López Aliaga existe, además, un antecedente: según la información proporcionada, Renovación Popular tampoco participó en diciembre de 2025 en la firma del Pacto Ético Electoral correspondiente a las Elecciones Generales 2026.
La controversia aumenta porque su candidatura municipal ya está sometida a cuestionamientos políticos y jurídicos respecto de una eventual reelección encubierta. Carlos Bruce y Francis Allison cuestionaron públicamente esa postulación; este último sostuvo que representaría una “sacada de vuelta a la Constitución”. Son posiciones de adversarios electorales y deben entenderse como tales, mientras las autoridades competentes resuelven conforme a la ley.
Pero Daniel Urresti tampoco debería quedar escondido detrás de la polémica sobre López Aliaga. Él también estuvo ausente. Cuando el compromiso es democrático, el escrutinio debe aplicarse con el mismo criterio a todos.
Además, el argumento de una eventual imposibilidad de asistir pierde fuerza si, como señaló Allison, las organizaciones podían enviar representantes.
El Pacto Ético Electoral puede tener carácter voluntario, pero su contenido debería resultar elemental para cualquier candidato: respeto, rechazo de la violencia y la desinformación, y reconocimiento de los resultados oficiales.
Firmarlo tampoco convierte automáticamente a nadie en ejemplo de conducta. Pero negarse o ausentarse obliga, cuando menos, a explicar por qué.
Reflexión final
El Perú ha pagado demasiado caro campañas contaminadas por ataques, desinformación y desconocimiento de las instituciones como para considerar estos compromisos una ceremonia decorativa.
López Aliaga y Urresti quieren administrar Lima. Los ciudadanos tienen derecho a preguntarles algo muy sencillo: si no suscriben públicamente reglas éticas básicas durante la campaña, ¿qué garantías políticas ofrecen para respetarlas cuando llegue la hora de ejercer el poder? (Foto ilustración: lacajanegra.blog).