La criminalidad parece haber encontrado otra frontera que cruzar. Después de convertir el transporte urbano en objetivo recurrente de extorsiones, amenazas y asesinatos, la violencia golpea ahora al transporte interprovincial. Un bus de Cruz del Sur que trasladaba a 32 pasajeros de Lima hacia Ica fue atacado a balazos en San Luis. Nadie resultó herido, pero reducir el episodio a esa buena fortuna sería irresponsable: tres proyectiles impactaron en una unidad llena de pasajeros. Dos fueron dirigidos hacia las inmediaciones de la cabina del conductor.
La Fiscalía investiga el móvil y todavía no ha confirmado que se trate de extorsión. Esa precisión es indispensable. Pero existe un antecedente imposible de ignorar: aproximadamente un mes antes, otro bus de la misma empresa fue baleado en Puente Piedra; el conductor resultó herido y los atacantes dejaron un sobre con un número telefónico.
Si las investigaciones determinan que existe conexión entre ambos hechos y una organización criminal detrás de ellos, estaríamos frente a una preocupante ampliación del negocio del miedo.
El mensaje de alerta es evidente. La extorsión ya no puede enfrentarse como un problema exclusivo de combis, mototaxis, pequeños comerciantes o determinadas zonas de Lima. Si las organizaciones criminales comienzan a presionar sistemáticamente al transporte interprovincial, el riesgo adquiere dimensión nacional: terminales, carreteras, conductores, trabajadores y miles de pasajeros pueden quedar expuestos.
Mientras tanto, seguimos respondiendo atentado por atentado. Policía después de los disparos, peritos después del ataque, vigilancia después de la amenaza. Investigar es indispensable, pero un Estado que únicamente llega después del delincuente está perdiendo la iniciativa.
El Gobierno necesita anticiparse. Hace falta inteligencia criminal integrada, investigación patrimonial, seguimiento de comunicaciones extorsivas dentro y fuera de los penales, protección de empresas amenazadas, control de armas y coordinación entre Policía, Fiscalía, INPE, UIF y autoridades regionales. No basta multiplicar operativos ni bautizar planes de emergencia.
El ataque contra Cruz del Sur debe funcionar como advertencia. La criminalidad organizada puede estar ampliando sus objetivos y el Estado no puede esperar a que esa expansión se consolide para diseñar una respuesta nacional.
Reflexión final
Los delincuentes estudian rutas, identifican víctimas y adaptan sus métodos. El Estado también debería anticiparse. Porque cuando las balas alcanzan un bus con 32 pasajeros, la pregunta ya no es solamente quién disparó. La pregunta incómoda es cuánto más tendrá que ocurrir antes de que la prevención llegue primero. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).