Durante décadas, los peruanos salían de casa preocupados por llegar a tiempo al trabajo, cumplir sus obligaciones o regresar para compartir con sus familias. Hoy la preocupación es otra: regresar vivos. El Perú se ha convertido en un país donde abrir un negocio, conducir un vehículo de transporte público, vender en un mercado o simplemente caminar por una calle oscura implica asumir riesgos que hace algunos años parecían excepcionales. La inseguridad ya no es una percepción. Es una realidad instalada en la vida cotidiana.
Las cifras pueden variar según la fuente, pero la sensación es prácticamente unánime: el miedo se ha convertido en un compañero permanente de los peruanos. Extorsiones, sicariato, secuestros, robos violentos y amenazas forman parte de una rutina que avanza más rápido que la capacidad del Estado para contenerla.
Cada semana aparecen nuevos casos de comerciantes extorsionados, transportistas asesinados por negarse a pagar cupos, empresarios amenazados y familias enteras sometidas al terror. Lo que antes ocurría en zonas específicas ahora se extiende por barrios, distritos y regiones enteras. El crimen ya no toca la puerta. Vive dentro del vecindario.
La inseguridad ha crecido también por el desgobierno, la improvisación y la ineptitud acumulada durante las gestiones de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora José Balcazar. Cada gobierno prometió orden, autoridad y recuperación de las calles; sin embargo, la criminalidad encontró terreno fértil en la descoordinación institucional, la falta de inteligencia operativa y la ausencia de una política nacional sostenida.
Lo más preocupante es que la delincuencia parece haber evolucionado mientras el Estado permanece atrapado en la reacción tardía. Las organizaciones criminales operan con estructura, financiamiento, tecnología y capacidad de intimidación. Mientras tanto, las instituciones públicas continúan respondiendo de manera fragmentada, burocrática y muchas veces ineficaz.
El problema no se limita a la delincuencia común. Detrás de muchas actividades aparecen economías ilegales cada vez más poderosas. El narcotráfico expande sus redes, la minería ilegal mueve millones fuera del control estatal y las extorsiones financian estructuras criminales que reclutan jóvenes, compran armas y fortalecen su capacidad operativa.
El Perú enfrenta una emergencia de seguridad que ya no admite diagnósticos superficiales ni soluciones temporales. Recuperar las calles será una de las tareas más urgentes y difíciles del próximo gobierno.
Reflexión final
Una sociedad no puede desarrollarse cuando sus ciudadanos viven con miedo. La verdadera libertad también consiste en salir a trabajar, estudiar, emprender o regresar a casa sin sentir que cada día es una apuesta contra la violencia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).