Cada elección en el Perú revive una medida que parece más heredada del miedo que de la evidencia: la ley seca. Para la segunda vuelta presidencial 2026, la restricción empezará a las 8:00 a. m. del sábado 6 de junio y terminará a las 8:00 a. m. del lunes 8. Durante 48 horas estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas. La pregunta incómoda es inevitable: ¿realmente protege la democracia o solo castiga al comercio formal?
La norma busca preservar el orden público durante los comicios. Suena razonable en el papel. Pero en la práctica se ha convertido en una prohibición automática, aplicada sin mayor debate, como si el ciudadano necesitara tutela permanente para ejercer su derecho al voto. En pleno 2026, seguir creyendo que la calidad electoral depende de cerrar bodegas, bares, restaurantes, discotecas y licorerías parece una idea bastante pobre de ciudadanía.
Lo más contradictorio es que la ley seca no impide que las personas consuman alcohol; impide que los negocios lo vendan legalmente durante ese periodo. Quien quiera beber podrá comprar antes, guardar en casa o recurrir al mercado informal. El golpe cae sobre el comercio formal: empresarios, mozos, bodegueros, restaurantes, bares y trabajadores que sí pagan impuestos, alquileres, licencias y planillas.
Chile eliminó esta restricción desde 2011 y muchos países ya no la aplican porque entienden que votar responsablemente no depende de prohibiciones generales, sino de fiscalización real, educación cívica y sanciones concretas contra quienes alteren el orden. En el Perú, en cambio, seguimos usando medidas amplias, antiguas y económicamente dañinas para aparentar control.
Las multas por incumplir pueden superar los S/3.390, además de posibles sanciones adicionales. Mientras tanto, pequeños negocios pierden ventas en un fin de semana clave. Otra vez, el Estado traslada su incapacidad de fiscalizar individualmente a una prohibición colectiva que castiga por igual al responsable y al irresponsable.
La ley seca debería revisarse seriamente. No se trata de promover excesos, sino de abandonar restricciones que afectan la economía sin demostrar impacto real en la calidad del proceso electoral.
Una democracia madura no se protege cerrando botellas, sino fortaleciendo instituciones. Si el voto depende de prohibir ventas durante 48 horas, el problema no está en el alcohol: está en la pobreza de nuestra política pública. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).