La pregunta ya no parece exagerada. El Estado peruano está perdiendo la batalla contra la criminalidad porque durante años ha gobernado con respuestas tardÃas, planes incompletos y una peligrosa indiferencia frente al miedo cotidiano de los ciudadanos. El paÃs no vive solo una crisis de seguridad; vive una crisis de autoridad. Y cuando el Estado se debilita, las bandas organizadas ocupan el espacio que la ley abandona.
La delincuencia ha dejado de ser un problema aislado. Hoy se expresa en extorsiones, sicariato, robos, secuestros, cobro de cupos, amenazas a comerciantes, ataques a transportistas y asesinatos que se repiten con una frecuencia que deberÃa avergonzar a cualquier gobierno. El Perú parece secuestrado por organizaciones criminales que actúan con audacia, mientras las autoridades responden con comunicados, operativos aislados y promesas que se evaporan al dÃa siguiente.
La derrota tiene causas claras: desgobierno, incapacidad, improvisación e indiferencia. No existe un verdadero plan nacional sostenido de lucha contra la criminalidad. Lo que hay son medidas fragmentadas, anuncios de emergencia, patrullajes temporales y declaraciones de ocasión. El estado de emergencia, presentado una y otra vez como solución, ha demostrado ser insuficiente cuando no viene acompañado de inteligencia policial, control territorial, investigación criminal, reforma penitenciaria, justicia rápida y coordinación entre instituciones.
Gobernar la seguridad no es militarizar calles por unos dÃas ni posar frente a cámaras con chalecos y sirenas. Gobernar la seguridad exige estrategia, presupuesto, tecnologÃa, inteligencia, fiscales protegidos, policÃas capacitados, jueces firmes y cárceles que no funcionen como oficinas del crimen. Sin eso, cada estado de emergencia se convierte en una escenografÃa del fracaso.
La batalla perdida también tiene responsables polÃticos. Los gobiernos de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerà y ahora José Balcázar no lograron construir una respuesta integral frente al avance criminal. Cada administración tuvo la oportunidad de enfrentar el problema como prioridad nacional. Sin embargo, el paÃs recibió discursos, cambios de ministros, anuncios repetidos y acciones dispersas. Mientras tanto, la delincuencia se organizó mejor que el propio Estado.
El ciudadano común paga la factura. El comerciante abre su negocio con miedo. El transportista trabaja bajo amenaza. El emprendedor calcula si podrá pagar cupos antes que impuestos. La familia modifica horarios, rutas y rutinas. El vecino duda antes de denunciar. Esa es la prueba más dura del fracaso: cuando la población empieza a vivir bajo reglas impuestas por el miedo.
La Caja Negra sostiene que el Perú necesita una polÃtica nacional de seguridad seria, permanente y medible. No más parches. No más estados de emergencia usados como cortina polÃtica. No más conferencias de prensa para maquillar derrotas. La criminalidad debe enfrentarse con inteligencia, justicia, prevención social, control financiero de mafias y recuperación real del territorio.
Reflexión final
Un Estado que no protege a sus ciudadanos pierde legitimidad. Y un paÃs donde las bandas imponen miedo, cobran cupos y deciden quién trabaja en paz ya no enfrenta solo delincuencia: enfrenta una amenaza directa a su democracia. La pregunta no es si el Estado está perdiendo la batalla. La pregunta es cuánto más esperará para pelearla de verdad. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).