A pocas horas de que millones de peruanos acudan a las urnas, una pregunta inquietante sobrevuela el proceso electoral: ¿gozan de plena credibilidad el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)? La interrogante no surge de la nada ni responde únicamente a la polarización polÃtica. Es fruto de años de cuestionamientos, fallos de gestión, fallos operativos y de la incapacidad persistente de robustecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de custodiar la voluntad popular.
La democracia no solo necesita votos; necesita árbitros que generen respeto, confianza y legitimidad. Y precisamente allà parece encontrarse el mayor problema.
Las autoridades electorales suelen exigir confianza de la ciudadanÃa, pero la confianza no se impone; se construye. Y para construirla se necesita transparencia absoluta, eficiencia comprobable y resultados oportunos. Sin embargo, la percepción ciudadana refleja una realidad preocupante: una parte significativa del paÃs observa el proceso con dudas, sospechas e incertidumbre.
El Perú parece haberse acostumbrado a normalizar situaciones que en otras democracias generarÃan profundas reformas institucionales. Resulta difÃcil comprender cómo, después de años de presupuestos millonarios destinados a tecnologÃa, infraestructura, modernización, sistemas informáticos, consultorÃas y equipamiento, el paÃs continúa dependiendo de procedimientos que generan demoras prolongadas y resultados que pueden tardar dÃas en consolidarse.
La pregunta es inevitable: ¿qué resultados concretos produjeron esas inversiones? ¿Dónde están los avances visibles para el ciudadano común? ¿Por qué seguimos observando procesos que parecen propios de otra época mientras el mundo avanza hacia sistemas más expeditivos, auditables y transparentes?
Más preocupante aún es que la falta de credibilidad no afecta únicamente a las instituciones electorales. Afecta directamente la estabilidad polÃtica del paÃs. Si la diferencia entre los candidatos es mÃnima, cualquier demora en los resultados puede convertirse en combustible para denuncias, especulaciones y conflictos postelectorales.
Cuando la confianza institucional es débil, incluso un proceso técnicamente correcto puede terminar siendo cuestionado. Ese es el verdadero riesgo. La democracia no solo debe ser limpia; debe parecer limpia ante los ojos de los ciudadanos.
Por ello, resulta indispensable abrir un debate serio sobre la necesidad de una profunda modernización del sistema electoral peruano. No basta con defender el statu quo. Las instituciones también deben someterse al escrutinio público y rendir cuentas sobre su desempeño.
El JNE y la ONPE tienen hoy una responsabilidad que va más allá de contar votos. Deben demostrar que son capaces de garantizar un proceso transparente, eficiente y creÃble en un contexto de enorme polarización polÃtica.
Reflexión final
Desde La Caja Negra consideramos que, una vez concluido el proceso electoral, el paÃs debe impulsar una reingenierÃa integral de las instituciones electorales. No para favorecer a una candidatura ni para cuestionar resultados especÃficos, sino para recuperar la confianza perdida.
Porque una democracia donde los ciudadanos desconfÃan de quienes cuentan los votos es una democracia que camina peligrosamente sobre terreno inestable. Y cuando la credibilidad de los árbitros está en discusión, cualquier ganador gobernará bajo sospecha y cualquier perdedor encontrará motivos para cuestionar el resultado. Ese es un lujo institucional que el Perú ya no puede permitirse. (Foto ilustración: lacajanegra.blog)