Mientras la atención pública suele concentrarse en las disputas políticas, los escándalos del día o las campañas electorales, una amenaza mucho más profunda continúa creciendo silenciosamente en el Perú. No aparece en los debates con la importancia que merece, pero está presente en diversas regiones del país, moviendo miles de millones de soles y desafiando cada vez más la autoridad del Estado. Se trata de las economías ilícitas: el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la tala ilegal, la trata de personas y las redes de extorsión que han encontrado terreno fértil para expandirse.
El problema ya no es únicamente policial. Las economías ilegales han evolucionado hasta convertirse en verdaderas estructuras de poder. Generan recursos económicos enormes, financian organizaciones criminales, corrompen instituciones, capturan territorios y crean sistemas paralelos de control social. En algunos lugares, la presencia de estas actividades parece más visible que la presencia efectiva del propio Estado.
La minería ilegal constituye uno de los casos más preocupantes. Además del daño ambiental irreversible que produce, moviliza cantidades millonarias de dinero fuera de cualquier control tributario o regulatorio. El narcotráfico, por su parte, continúa fortaleciendo sus redes logísticas y financieras, aprovechando la debilidad institucional y las limitaciones operativas de las autoridades.
A ello se suman las extorsiones, que han convertido a miles de transportistas, comerciantes, emprendedores y microempresarios en víctimas permanentes. En muchos casos, estas organizaciones criminales cobran verdaderos «impuestos ilegales» a quienes solo buscan trabajar honestamente.
Lo más preocupante es que este fenómeno no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de años de descuido, improvisación y ausencia de una estrategia nacional integral. Los gobiernos de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora José Balcazar han enfrentado esta amenaza sin lograr construir una respuesta articulada, sostenida y eficaz. Mientras las organizaciones criminales coordinan, invierten y expanden sus operaciones, el Estado continúa respondiendo muchas veces de forma fragmentada y reactiva.
La consecuencia es evidente: la autoridad pública pierde terreno donde las economías ilegales ganan influencia. Y cuando eso ocurre, la confianza ciudadana también comienza a deteriorarse.
El Perú enfrenta una amenaza que trasciende la seguridad ciudadana. Las economías ilegales no solo generan delitos; también erosionan instituciones, debilitan la democracia y afectan el desarrollo económico y social del país.
Reflexión final
Toda nación enfrenta desafíos. Pero pocas amenazas resultan tan peligrosas como aquellas que crecen en silencio mientras la política mira hacia otro lado. El verdadero riesgo no es únicamente que las economías ilegales sigan creciendo. El verdadero riesgo es que los peruanos terminemos normalizando su presencia hasta olvidar que el Estado debe ser siempre más fuerte que cualquier organización criminal. Allí está la épica batalla pendiente del Perú. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).