Dicen que la minería es el motor de la economía. Pero en el Perú, hay una minería que no mueve el país hacia el desarrollo, sino hacia el abismo. La minería ilegal no es solo una actividad al margen de la ley; es la matriz de la extorsión, el asesinato, el lavado de activos, la trata de personas, la prostitución forzada y el crimen desbordado que hoy nos devora.
La masacre de Pataz no fue un hecho aislado. Fue el grito ensangrentado de un país que ha perdido el control de vastas zonas tomadas por mafias, clanes y economías ilegales que operan con total impunidad. Y mientras eso ocurre, la presidenta Dina Boluarte pierde la guerra contra la delincuencia a punta de conferencias, parches legales y declaraciones vacías.
La minería ilegal mueve, según cifras de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), más de 1,800 millones de dólares al año solo en oro ilegal. Y no tributa. No fiscaliza. No se regula. Pero sí financia: financia bandas, sicarios, redes de trata y extorsión que hoy operan con más libertad que cualquier empresa formal.
Y como en toda estructura criminal, hay complicidades que lo permiten. Presidentes Regionales y Alcaldes que miran a otro lado. Policías que «pierden» expedientes. Fiscales que no acusan. Y un Congreso que, como siempre, duerme o pacta.
La inseguridad ya no es una percepción. Es una estadística:
Más del 86% de peruanos se siente inseguro en su propia ciudad (Datum, abril 2025).
El 62% cree que las leyes recientes han favorecido a la delincuencia.
El 71% cree que la inseguridad ha aumentado respecto al año pasado.
Y el 52% ya identifica a Dina Boluarte como la principal responsable del descontrol criminal (Datum, abril 2025).
Porque no hay plan. No hay estrategia. No hay liderazgo. Hay parches, estados de emergencia que solo militarizan por unos días y desaparecen al siguiente escándalo.
Mientras tanto, el país sangra. Mototaxistas, transportistas, bodegueros, empresarios y hasta vecinos están siendo extorsionados. Se paga por vivir. Se paga por trabajar. Y si uno se niega, lo matan.
Pataz fue la gota que colmó un vaso que rebalsaba desde hace años. Trece vigigalantes asesinados, sin protección del Estado, sin justicia, sin indignación real del Gobierno. Mientras tanto, la presidenta esta más preocupada para responder sobre sus cirugías, Rolexs y joyas, como si eso fuera lo prioritario en un país que se desangra por las venas del crimen organizado.
Y el Congreso, como es habitual, mudo. Osinergmin, la PCM, la Defensoría del Pueblo, todos en silencio administrativo, cómplice o cobarde. El Ejecutivo sin rumbo. El Legislativo sin coraje. Las instituciones, sin pulso.
El Perú no está en emergencia. El Perú está en colapso. Y nadie está al mando.
La minería ilegal ha infectado el tejido social, político y económico. Alimenta el crimen y compra silencio. Y mientras eso ocurre, nuestras autoridades están más ocupadas en sobrevivir políticamente que en gobernar.
No hay plan, no hay voluntad, no hay decisión. Solo un piloto automático rumbo al desastre. Y cuando el país colisione, nadie podrá decir que no lo vimos venir. Porque las alertas están encendidas. Las cifras gritan. Las calles lo confirman. Y los muertos… los muertos ya son demasiados.
Es hora de que los peruanos exijan algo más que explicaciones. Es hora de exigir resultados. Y no solo resultados: es hora de exigir responsabilidad. De señalar a los responsables, de cortar con la impunidad, de exigir una estrategia integral con metas, plazos, liderazgos y decisiones firmes.
No podemos normalizar el terror como parte del paisaje. No podemos aceptar que vivir bajo amenaza sea el nuevo contrato social. El país no merece dirigentes que priorizan cirugías estéticas y relojes de lujo mientras el pueblo se encierra con miedo o paga cupos para no morir.
Si el Estado no actúa, la sociedad civil tendrá que tomar la voz. Y si la política no reacciona, el pueblo tendrá que recordarle que el miedo no vota, pero la indignación sí.