El Perú no necesita que alguien adivine cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto. Necesita algo bastante más elemental: estar preparado cuando ocurra. Y las cifras conocidas deberían bastar para abandonar la tranquilidad burocrática. Un escenario elaborado por el Cenepred estima que más de 14 millones de peruanos podrían encontrarse en niveles de riesgo alto ante un terremoto superior a magnitud 8,8.
No es una predicción ni significa que el sismo ocurrirá mañana. Es peor para quienes administran el Estado: es una advertencia conocida con anticipación. Si después de semejante información seguimos reduciendo la prevención a simulacros, comunicados y mochilas de emergencia, estaremos confundiendo participación ciudadana con capacidad real de respuesta.
Solo en Lima, el escenario contempla aproximadamente 9,8 millones de personas, cerca de 2,98 millones de viviendas, 620 establecimientos de salud y más de 5.600 kilómetros de vías potencialmente expuestas.
Entonces cabe preguntar: ¿qué ocurriría después del primer minuto?
¿Tendríamos hospitales suficientes? ¿Camas disponibles? ¿Medicamentos, sangre, quirófanos, médicos y enfermeras? ¿Agua potable? ¿Electricidad? ¿Alimentos? ¿Brigadas de rescate suficientes? ¿Maquinaria pesada para remover miles de toneladas de escombros? ¿Ambulancias, helicópteros, rutas libres y comunicaciones operativas?
Los simulacros enseñan a evacuar. No reconstruyen un hospital colapsado ni multiplican médicos, excavadoras o reservas de agua.
El panorama se vuelve más preocupante cuando el sismólogo César Jiménez Tintaya, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, advierte que los terremotos de 1940, 1966, 1974 y 2007 habrían liberado conjuntamente apenas alrededor del 20 % de la energía sísmica acumulada desde 1746.
Según el especialista, ello permite considerar un escenario de magnitud 8,5 a 8,8 frente a la costa central. Y si el epicentro fuera marino y superficial, aparecería una segunda amenaza: el tsunami.
Más de dos millones de personas de la costa podrían quedar expuestas a ese peligro. En el Callao, zonas como La Punta presentan especiales dificultades de evacuación por su configuración geográfica.
El Estado conoce estos escenarios. Esa es precisamente la parte incómoda.
No podemos seguir actuando como si cada terremoto extranjero fuera una revelación inesperada que nos obliga nuevamente a preguntar si estamos preparados. El diagnóstico lleva años escrito. Lo pendiente es convertir estudios, mapas y planes en hospitales reforzados, reservas estratégicas, maquinaria operativa, sistemas alternativos de comunicaciones y capacidad profesional suficiente.
Desde La Caja Negra sostenemos que los instrumentos existentes resultan insuficientes si no están acompañados de una capacidad operativa verificable.
El Gobierno debe presentar al país un verdadero balance nacional de preparación: número de hospitales que seguirían funcionando, camas disponibles, stock estratégico de medicamentos, equipos de rescate, maquinaria pesada, aeronaves, reservas de agua y alimentos, rutas de evacuación y capacidad de respuesta por región.
No queremos otra carpeta de planificación. Queremos saber qué funcionará cuando todo lo demás falle.
El terremoto no será responsabilidad del Gobierno. La falta de preparación sí lo será.
Reflexión final
Un país sísmico que conoce el peligro y, aun así, permanece vulnerable, no puede culpar solamente a la naturaleza cuando llegue la tragedia.
El Perú realiza simulacros. Perfecto. Pero mientras 14 millones de personas aparecen en escenarios de riesgo muy alto, resulta legítimo preguntar si estamos entrenando para sobrevivir o simplemente ensayando para la fotografía.
Porque después del terremoto ya no habrá comunicados suficientes para explicar por qué no estuvimos preparados. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).