Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 vuelven a colocar al elector frente a una realidad que debería provocar algo más que preocupación: 1,739 candidatos declararon sentencias condenatorias en sus hojas de vida, según la revisión realizada por El Poder en tus Manos de RPP sobre información presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones.
La cifra obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué clase de filtros aplican las organizaciones políticas antes de entregar una candidatura? Porque una cosa es defender el derecho constitucional de participación de quien cumplió una condena y se rehabilitó; otra, muy distinta, es convertir la rehabilitación legal en certificado automático de idoneidad política.
Los antecedentes corresponden a distintos delitos y situaciones que deben analizarse individualmente. Sin embargo, existe un dato especialmente sensible: 63 aspirantes a alcaldías provinciales y distritales declararon condenas relacionadas con violencia familiar, agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar.
¿Y después nos preguntamos por qué la ciudadanía desconfía de la política?
El presidente del JNE, Roberto Burneo, ha explicado que una condena no necesariamente impide postular. Muchos candidatos cumplieron sus penas, fueron rehabilitados y la legislación permite su participación. El JNE, por tanto, debe aplicar la norma vigente.
Legalmente puede entenderse. Políticamente, resulta insuficiente.
Porque entre el derecho a postular y el derecho de una sociedad a exigir autoridades idóneas existe un espacio que deberían ocupar los partidos. Son ellos quienes seleccionan candidatos, conceden símbolos y presentan listas. Sin embargo, demasiadas veces parecen funcionar como meras ventanillas de inscripción: si la ley permite pasar, adelante.
RPP ha puesto a disposición de los ciudadanos un buscador que permite consultar candidatos por nombre, delito y organización política. Es una herramienta valiosa, pero también retrata una anomalía democrática: el elector necesita convertirse casi en investigador para saber quién le está pidiendo administrar su municipio o región.
No debería ser así.
La solución tampoco consiste en establecer condenas políticas perpetuas para quien cumplió su deuda con la justicia. Consiste en exigir transparencia, filtros partidarios rigurosos y una evaluación pública de la trayectoria de cada aspirante.
La rehabilitación devuelve derechos; no obliga al ciudadano a entregar confianza.
Reflexión final
El voto informado será nuevamente la última barrera. Pero resulta demasiado cómodo que partidos y legisladores dejen toda la responsabilidad al elector.
Si 1,739 candidatos con condenas declaradas llegaron hasta la papeleta, la pregunta no es únicamente qué hicieron ellos. La pregunta verdaderamente incómoda es: ¿quién los evaluó, quién decidió postularlos y con qué criterio pretende ahora pedirnos el voto? (Foto ilustración: lacajanegra.blog).