La política suele pedir confianza cuando debería ofrecer explicaciones. Carlos Díaz-Rosillo, asesor y amigo de Keiko Fujimori, aparece vinculado públicamente con Fernando Cerimedo, estratega digital argentino detenido en Bolivia y asociado en investigaciones periodísticas a campañas de desinformación y operaciones políticas en distintos países. El vínculo no convierte automáticamente a Díaz-Rosillo en responsable de nada. Pero tampoco puede despacharse como una coincidencia social sin importancia. Cuando alguien asesora a la presidenta, sus conexiones dejan de ser un asunto privado.
Díaz-Rosillo dirige el Centro Adam Smith para la Libertad Económica, institución que contrató a Fujimori para actividades académicas por US$45 mil anuales. Luego pasó de vínculo académico a consejero y amigo de la mandataria. Hasta ahí, todo podría formar parte de una relación profesional legítima. El problema aparece cuando el asesor presidencial queda conectado con figuras cuestionadas por el uso de maquinaria digital, propaganda y campañas destinadas a influir en la opinión pública.
La fotografía publicada por Cerimedo junto a Díaz-Rosillo y sus mensajes públicos prueban, al menos, que se conocían. Lo demás requiere investigación y explicaciones. Precisamente por eso resulta llamativo que Díaz-Rosillo no haya respondido a los cuestionarios enviados por La República.
En política, el silencio también comunica. Y cuando el poder decide no aclarar, la ciudadanía empieza a preguntarse qué se intenta evitar.
Keiko Fujimori debería explicar qué rol concreto cumple Díaz-Rosillo, qué acceso tiene a decisiones del Gobierno, si participa en estrategias políticas o digitales y qué relación mantiene actualmente con consultores extranjeros. No se trata de perseguir amistades ni de criminalizar contactos. Se trata de impedir que asesores informales, operadores externos o redes transnacionales actúen alrededor del poder sin transparencia ni control.
Lo más delicado es que este episodio se suma a otras revelaciones sobre asesores extranjeros cercanos a la presidenta. Cuando las conexiones aparecen una detrás de otra, ya no basta responder que todos son simples conocidos.
La transparencia no consiste en publicar discursos sobre ética. Consiste en explicar quién asesora, para qué, con qué intereses y bajo qué responsabilidades.
Reflexión final
El poder democrático no debería tener zonas oscuras. Si quienes rodean a la presidenta mantienen vínculos que generan dudas legítimas, la obligación no es callar hasta que pase el escándalo. Es responder antes de que la sospecha se convierta en desconfianza. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).