Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Mientras el Perú se desangra bajo la delincuencia y la minería ilegal, un informe de Human Rights Watch revela lo que muchos temían: leyes hechas a medida para blindar a criminales y devastar la Amazonía. Todo, con el sello de aprobación de un Congreso y un Ejecutivo que parecen gobernar… para otros intereses.
Que el crimen organizado crezca en el Perú no debería sorprendernos. Después de todo, en un país donde se gobierna en piloto automático, algo tiene que llevar las riendas. Y, según Human Rights Watch, parece que los verdaderos “gerentes” de esta república no son precisamente los ministros ni los congresistas, sino las mafias, las redes de minería ilegal y los barones de la tala indiscriminada.
Y ahí está la cereza sobre el pastel: Dina Boluarte y el Congreso, señalados por HRW como impulsores —o al menos facilitadores— de este escenario de impunidad. Qué reconfortante saber que mientras medio país se mata por evitar pagar cupos a extorsionadores, en Lima se legisla para que ciertos grupos criminales duerman tranquilos.
Human Rights Watch publicó el informe “Legislar para la impunidad: Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado”, tras entrevistar a fiscales, jueces, policías, defensores ambientales y periodistas. Un trabajo serio, documentado, que confirma lo que cada ciudadano ya sospechaba: el Congreso no solo es ineficaz, sino que ha resultado peligrosamente eficiente… en proteger intereses oscuros.
¿Las cifras?. Abrumadoras. Entre 2018 y 2024, los homicidios crecieron 137 %, y las proyecciones para este 2025 no pintan mejor. Más de la mitad de esos crímenes están vinculados a sicarios. Mientras tanto, el Congreso se dedica a recortar las herramientas para combatir el crimen organizado: limitan la colaboración eficaz, reducen allanamientos y modifican el Código Penal para dejar fuera de “crimen organizado” delitos de corrupción. Porque, claro, nada mejor que reescribir la ley para que los delitos simplemente desaparezcan… al menos en el papel.
Pero no todo queda en el crimen urbano. En los confines del país, la minería ilegal y la deforestación son el nuevo paraíso delictivo. El Congreso aprobó leyes que legalizan retroactivamente la tala ilegal y blindan a mineros ilegales. Según HRW, la minería ilegal no solo destruye bosques, sino que alimenta redes de trata, homicidios y lavado de activos.
Y mientras las hectáreas de selva desaparecen bajo retroexcavadoras y dragas, en Lima, Dina Boluarte declara estados de emergencia como quien reparte volantes, suspendiendo derechos constitucionales sin lograr que baje ni un solo punto el récord de homicidios.
La directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus, lo resumió con precisión quirúrgica: “El ataque del Congreso al Estado de derecho ha dejado a millones de peruanos más vulnerables frente al crimen organizado.”
El Perú está atrapado en una paradoja cruel: el crimen organizado no solo no se combate, sino que, según HRW, se legisla para protegerlo. Es el colmo. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte sigue proclamando que el Perú es “la potencia de Sudamérica” y que el sol desplazó al dólar. En otro planeta, quizás. Aquí en el Perú, lo único que se desplaza más rápido que el dólar es el avance del crimen y la tala ilegal.
Reflexión Final
No basta con seguir declarando estados de emergencia. Se necesita Estado. Y uno que funcione para los ciudadanos, no para las mafias. Se necesita Congreso, pero no uno que legisle para la impunidad. Y se necesita presidenta, pero una que gobierne, no solo que sobreviva hasta el 28 de julio de 2026.
Mientras tanto, el crimen organizado debe estar aplaudiendo con entusiasmo.