Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
La justicia peruana por fin reacciona. Susana Villarán, la exalcaldesa del “No” y hoy protagonista del “Sí, recibí millones”, no podrá salir del país por tres años mientras enfrenta cargos que podrían costarle décadas de libertad. Más vale tarde que nunca.
Habemus justicia… o, al menos, un atisbo. El Poder Judicial, ese gigante adormilado, se ha despertado y ha puesto a Susana Villarán una cadena invisible: 36 meses sin salir del Perú. Una medida que, a estas alturas, suena a sentido común más que a gran logro judicial.
Porque sí, la exalcaldesa limeña —la misma que se erigió como símbolo de la honestidad y la democracia— es ahora la estrella de un proceso judicial donde le podrían caer 29 años de cárcel por supuestos aportes ilegales de las constructoras brasileñas que tanto “solidarismo” esparcieron por Latinoamérica.
Villarán dice que el dinero recibido fue para salvar la ciudad. El Ministerio Público opina que fue para salvar su pellejo político. Según la Fiscalía, Odebrecht y OAS no soltaron más de 10 millones de dólares por pura filantropía limeña.
Mientras tanto, la historia se repite con la precisión de un reloj suizo: políticos peruanos pidiendo confianza y votos, y empresarios brasileños pasando la billetera. Y aunque Villarán se haya pintado siempre como la defensora de la ética pública, lo que tenemos hoy es un pedido fiscal de casi tres décadas de prisión por presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, colusión y otros. No es exactamente el currículo que uno quiere presumir en LinkedIn.
Lo verdaderamente irritante es que hayan tenido que pasar tantos años para que la justicia ponga algo tan elemental como un impedimento de salida. Porque todos sabemos cómo termina esto cuando no se actúa a tiempo: pasaporte en mano, avión rumbo a cualquier país con gobierno amigo o algún foro sobre gobernabilidad.
¿Y el juicio?. Programado recién para el 23 de septiembre. Como siempre en el Perú, la justicia llega, pero se toma su tiempo, se pide un cafecito y se sienta a mirar el paisaje.
Que nadie se engañe: Villarán no es ninguna perseguida política. Es una acusada con un caso muy serio sobre la mesa. Y el Perú tiene derecho a saber si se usaron millones de dólares brasileños para manipular una consulta popular y mantenerse en el poder municipal. Por eso, la decisión de dejarla sin viaje al extranjero es lo mínimo. Ya era hora de que la justicia recordara que la honestidad no se grita en mítines, se demuestra ante un juez.
Reflexión Final
La exalcaldesa se queda en casa. Y eso, en un país donde tantos prófugos miran el pasado desde cómodos exilios, ya es noticia. Ojalá, esta vez, el juicio no sea solo un espectáculo más para llenar titulares. Porque Perú no puede seguir siendo el país donde se roba millones… y luego se llora persecución política para huir.
Ahora toca justicia. De verdad.