Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Hay noticias que son más que datos. Son campanazos de alerta que retumban en la conciencia nacional, aunque, al parecer, no logran atravesar los muros de Palacio de Gobierno. El último informe de la ONU acaba de confirmar que el Perú sigue ostentando, con desconcertante orgullo, el segundo lugar en el ranking regional de cultivos ilegales de hoja de coca. Un podio del que, lejos de querer bajarse, parece estar cada vez más cómodo.
Mientras Colombia se lleva el oro con 253 mil hectáreas de cultivos ilícitos, nuestro país se mantiene firme en la medalla de plata, con nada menos que 92,784 hectáreas en 2023. Es cierto, hubo una leve reducción respecto al año anterior, pero, como diría cualquier estadístico sensato, una caída de apenas 2 mil hectáreas en un mar verde de coca no es motivo de celebración.
Eso sí, nadie podrá negar que el Perú es un país constante: llevamos desde 2015 anclados en el segundo puesto, sin grandes sorpresas. Y no es porque falten advertencias. Devida, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, ha encendido luces rojas sobre el aumento del cultivo en regiones como Amazonas y Puno. Pero si uno escucha al Gobierno, la respuesta es un silencio que hace eco. O, peor aún, discursos grandilocuentes sobre convertirnos en potencia sudamericana mientras la coca crece, los narcos prosperan y el Estado se repliega.
Porque ese es el verdadero drama de fondo: tenemos a una presidenta, Dina Boluarte, que parece más preocupada por sobrevivir políticamente hasta el 28 de julio de 2026 que por meterle mano a un problema que está carcomiendo las bases del país. Y sí, se entiende su angustia: con tantos frentes abiertos —aumentos de ingresos, relojes, cirugías y escándalos varios— quizás no quede mucho tiempo para pensar en la lucha antidrogas. Pero mientras ella revisa el calendario, los narcotraficantes están revisando mapas, rutas y nuevas pistas clandestinas para sacar su mercancía.
Y no es solo la coca. El narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones y la violencia se han convertido en los verdaderos poderes paralelos del Perú. Hoy, el narcotráfico ya no solo financia rutas ilegales; financia también campañas, invade parques nacionales como Bahuaja Sonene y convierte a las cuencas de los ríos Amazonas y Ucayali en autopistas fluviales para sacar droga con eficiencia suiza.
Mientras tanto, los ministros decorativos —porque es difícil llamarlos de otro modo— repiten cifras de erradicación como si eso resolviera el problema. Y no. El exministro del Interior Rubén Vargas lo dijo claro: el Perú no puede seguir creyendo que arrancar matas es suficiente. Sin control de insumos químicos, sin inteligencia para golpear a las mafias, sin destrucción de laboratorios y sin desarrollo alternativo, la guerra está perdida antes de empezar.
Y ahí radica la gran tragedia: en el contraste brutal entre el dinamismo del crimen organizado y la parálisis del Gobierno. Mientras el narcotráfico innova rutas, diversifica mercados y penetra cada vez más instituciones, el Ejecutivo vive atrapado en su propia narrativa de “vamos bien” y en su obsesión por sobrevivir políticamente hasta que llegue el relevo.
El Perú está, literalmente, tomado. Tomado por los extorsionadores en las ciudades, por la minería ilegal en los ríos, y por la coca que se multiplica silenciosa en los cerros. Y lo único que no parece crecer en este país es la capacidad de reacción de un gobierno que, en lugar de liderar, se dedica a mirar el reloj y contar los días que faltan para el 28 de julio de 2026.
Reflexión final
Hoy son las 92,784 hectáreas de coca. Mañana podrían ser 100 mil. O más. Porque mientras en Palacio se distraen con discursos y escándalos, el narcotráfico sigue avanzando, metro a metro, hectárea por hectárea. Y el Perú, ese que tanto se menciona en arengas políticas, sigue perdiendo terreno.