Por Edwin Gamboa, Fundador Caja Negra
En el Perú, la independencia de poderes se defiende… siempre y cuando no interfiera con intereses políticos. El Congreso ha decidido poner bajo la lupa a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, desatando preocupaciones incluso en la ONU. Mientras tanto, el Ejecutivo, ocupado en sus propios líos y su carrera de resistencia hasta el 28 de julio de 2026, guarda silencio. Y el país asiste, una vez más, a la teatral puesta en escena donde justicia y política se mezclan peligrosamente.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó admitir a trámite la denuncia constitucional contra Delia Espinoza por encubrimiento personal y presunto cohecho activo específico. Con 11 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el informe se elevará a la Comisión Permanente, abriendo la puerta a una eventual inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos.
Margaret Satterthwaite, relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, no tardó en reaccionar. A través de sus redes sociales, advirtió que estas acciones “podrían poner en grave riesgo la independencia del Ministerio Público, incluyendo garantías de autonomía institucional, estabilidad en el cargo y protección frente a interferencias políticas”.
No es una alarma menor. Siete proyectos de ley circulan en el Congreso, todos con un denominador común: reorganizar el Ministerio Público, cesar a su alta dirección y hasta plantear la elección de fiscales y jueces por voto popular. Una propuesta que suena tan democrática como riesgosa, porque transforma la justicia en una arena electoral donde podría primar la simpatía por encima de la imparcialidad.
Resulta, por decir lo menos, curioso que la súbita preocupación por “limpiar” la Fiscalía surja mientras esta investiga casos de corrupción y redes políticas vinculadas a partidos que hoy, casualmente, impulsan su reorganización. La coincidencia es tan perfecta que ni el mejor guionista podría escribirla.
Porque si algo ha quedado claro en este Congreso es que sus intervenciones en las instituciones autónomas no suelen nacer de un noble afán republicano, sino de la necesidad de protegerse o acomodar el tablero para sus propios fines. Hoy es Delia Espinoza. Mañana podría ser cualquier fiscal, juez o autoridad que ose incomodar el statu quo.
Mientras tanto, en Palacio, Dina Boluarte observa la escena con la misma pasividad que ha mostrado frente a otras crisis. Quizá demasiado ocupada en calcular cómo sobrevivir políticamente hasta el 28 de julio de 2026, sorteando preguntas sobre sus relojes, su aumento de ingresos y los escándalos que golpean las paredes de Palacio de Gobierno. Porque, admitámoslo: hoy en el Perú el silencio también es una forma de gobernar… o de no gobernar.
Reflexión Final
La denuncia contra Delia Espinoza es más que un caso individual. Es un síntoma de cómo el poder político busca meter las manos en el sistema de justicia cuando este deja de ser funcional a sus intereses. Y es, sobre todo, una advertencia: la independencia de poderes es el pilar de cualquier democracia. Si se derrumba, nos quedamos solo con un decorado democrático, vacío de contenido.
En tiempos en que la justicia se juega entre intereses partidarios, lo que está en juego no es solo el futuro de una fiscal, sino la posibilidad misma de tener instituciones que sirvan a la ciudadanía y no a los vaivenes políticos. Hoy es el Ministerio Público. Mañana podría ser cualquiera. Y mientras tanto, el país sigue esperando liderazgo y coraje para defender lo que debería ser intocable: la justicia.